Fuerzas de seguridad, política de Estado

Las Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran en medio de una polémica política que debería desembocar en una mejora de su organización y de su régimen legal. Mientras se desarrollan las negociaciones para la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional con las policías autonómicas, se ha conocido el dato de que, entre ambos cuerpos, faltan más de 30.000 agentes para cubrir sus plantillas. Este déficit tiene una dimensión preocupante porque las necesidades de seguridad ciudadana en España son altas. Existe una amenaza terrorista constante y hay una evidente actividad de grupos criminales y asociaciones ilícitas. La situación en La Línea de la Concepción, donde las mafias del narcotráfico se exhiben, es un ejemplo, sin duda extremo, de las razones por las que el Gobierno debe abordar el incremento del número de agentes.

También sería conveniente enfocar el problema como una cuestión de política de Estado, porque la presencia policial en todo el territorio nacional asegura la presencia misma del Estado, sobre todo cuando se cuestiona la legalidad constitucional a través de propuestas separatistas. La vertebración del Estado es algo más que un mero discurso. Es un objetivo que se logra dotando a los intereses generales de las estructuras necesarias para protegerlos, y las Fuerzas de Seguridad del Estado son de ese tipo de estructuras. Por eso el Gobierno haría bien en responder con firmeza a la ofensiva de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana, porque, junto a enmiendas de mejoras técnicas que pueden ser atendidas, discurren iniciativas como las de Podemos, que buscan debilitar la capacidad policial del Estado. Las propuestas del partido de Iglesias están sacadas de un manual del 15-M y su implantación sumiría a policías y guardias civiles en una situación de impotencia.