El fuego no puede quedar impune

La ola de incendios que desde el fin de semana asuela Galicia y parte de Asturias constituye un grave atentado contra el medio ambiente, pero, sobre todo, contra la población, ya que el fuego se ha cobrado cuatro víctimas mortales y varios heridos por quemaduras, tras alcanzar numerosos pueblos y núcleos urbanos, además de arrasar miles de hectáreas de monte, dañando incluso varios espacios protegidos. Todos los indicios apuntan a que esta tragedia no es fruto de la casualidad, sino que ha sido obra de unos desalmados cuyo único objetivo era hacer el mayor daño posible, aprovechándose de las óptimas condiciones atmosféricas que existían en los últimos días para que el fuego se extendiera a toda velocidad, hasta el punto de convertir en incontrolables algunos incendios. Sin embargo, frente a la vileza de los pirómanos, el conjunto del país se ha volcado con Galicia y el resto de zonas afectadas, demostrando, una vez más, que la unión hace la fuerza y que es ahora, en momentos de dolor y zozobra, cuando la solidaridad de los españoles cobra mayor brío. Todas las administraciones y organismos competentes se volcaron desde el primer momento en la lucha contra el fuego, empezando por el presidente del Gobierno, que se desplazó ayer a Galicia para conocer la situación sobre el terreno y transmitir sus condolencias y apoyo a las víctimas en nombre de todos los españoles. La Unidad Militar de Emergencias (UME), con casi un millar de efectivos desplegados, y el envío de un amplio contingente de bomberos, helicópteros e hidroaviones procedentes del resto de España están desarrollando un papel clave en las labores de extinción, junto a los dispositivos de la propia Xunta de Galicia y los miles de vecinos que de forma heroica y solidaria se lanzaron a combatir las llamas con todos los medios a su alcance para proteger sus casas. Semejante atrocidad no puede quedar impune. El número de fuegos declarados y el particular momento escogido para lanzar esta ofensiva incendiaria, justo cuando se esperaban fuertes vientos y altas temperaturas, hace pensar que se trata de un ataque intencionado de antemano.

Aunque la ley prevé penas de hasta veinte años en caso de que se ponga en peligro la vida de las personas, la gran mayoría de los incendios provocados tan solo llevan aparejados de uno a seis años, de modo que es necesario endurecer la legislación en esta materia. Es fundamental reforzar los medios destinados a la persecución de estos crímenes, y fomentar la colaboración ciudadana para denunciar tales prácticas. Se trata de «terrorismo incendiario», como bien denunció ayer Núñez Feijóo.