La factura del desgobierno

Aunque sea una obviedad, hay que recordar que Pedro Sánchez ostenta la presidencia del Gobierno, ahora en funciones, gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018. Desde entonces, no existe política económica en España, más que la generada por la inercia que dejó Rajoy con los presupuestos generales del Estado para 2018 y la reforma laboral. Pedro Sánchez no fue capaz de pactar los presupuestos para 2019 y lleva camino de renunciar a presentar los de 2020. Sus ministerios no están trabajando en preparar las cuentas de ingresos y gastos anuales y tampoco ha presentado el techo de gasto para el próximo año, con el que todas las administraciones -la estatal y las autonómicas- planifican su actividad económica. Esta inoperancia del PSOE en el Gobierno se produce, además, cuando existen datos objetivos de una incipiente desaceleración económica en España, reflejada en los datos de empleo del mes de julio. También preocupa la evolución a la baja de matriculaciones de vehículos, con una caída del 6,5 por ciento de las ventas desde comienzo de año, indicador muy significativo en nuestro país. Por su parte, diversos gobiernos autonómicos empiezan a acusar el impacto de la falta de gobierno en plenitud de funciones y denuncian el deterioro de su financiación. El problema es que este cuadro de situación económica no es compatible con una prolongación de la incertidumbre política, pero tampoco lo sería con la expectativa de un pacto de gobierno o de investidura con la extrema izquierda, cuyas propuestas de aumento de gasto público y de presión fiscal conducirían a una de las típicas recesiones que provoca el populismo.

Parece una maldición cíclica, pero el socialismo vuelve a ser puntual en su cita para sumir a España en la inseguridad económica y en el temor por un nuevo repunte del desempleo, con la circunstancia agravante de que las recuperaciones de las crisis, siempre de la mano de gobiernos de centro derecha, son cada vez más complicadas y a duras penas devuelven al país a los niveles previos de empleo y actividad. La responsabilidad de la situación no es del Partido Popular, ni de Ciudadanos, sino de la ambición de Pedro Sánchez por el poder, que le llevó a conformar una coalición de intereses destructivos para echar a Rajoy sin tener un proyecto alternativo para dirigir España. Y esta ausencia de propuesta para el país se ha perpetuado después de las elecciones generales del 26-M, erosionando la confianza de empresas y familias en su futuro económico y agotando las reservas que dejaron las reformas económicas de los gobiernos de Rajoy. Sin nuevas iniciativas, el Banco de España ya ha advertido del riesgo de perder el impulso reformista, más necesario que nunca a la vista de los primeros avisos de la ralentización económica en España y en Europa.