La enorme factura de las pensiones

El Gobierno aprovechará el último Consejo de Ministros del año para aprobar un nuevo paquete de medidas laborales cuya finalidad última consiste en elevar la recaudación de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones. En un nuevo gesto de desprecio e indiferencia hacia los interlocutores sociales y el resto de formaciones políticas, Pedro Sánchez, abusando una vez más de la figura del real decreto, pretende modificar aspectos importantes del mercado de trabajo y de la Seguridad Social sin tan siquiera negociar su contenido, a pesar de que el PSOE ostenta una clamorosa minoría en el Congreso, lo cual ya es grave. Sin embargo, lo más preocupante es la irresponsable senda que ha emprendido el Ejecutivo en materia de pensiones. Entre otras medidas, el proyecto elevará un 40 por ciento las cotizaciones para los contratos de menos de cinco días con el objetivo de reducir la temporalidad y endurecerá las sanciones contra los falsos autónomos para combatir el fraude, pero si bien estas propuestas son razonables, denotan un afán recaudatorio que, en ningún caso, lograrán solventar el agujero de la Seguridad Social.

Prueba de ello es que el Gobierno también aprobará un préstamo adicional de 1.400 millones de euros para poder completar la revalorización de las pensiones en función del IPC. La práctica derogación de la reforma de 2013, tras volver a ligar la subida de las pensiones a la inflación, es un dislate cuya elevada factura pagarán tanto los contribuyentes como los jubilados. Abonar las prestaciones con deuda no solo es financieramente insostenible, sino que hipoteca a todos los españoles con mayores impuestos presentes y futuros, y agrava, aún más, la crisis del actual modelo de reparto. Sánchez se juega la viabilidad del sistema por puro electoralismo.