Crisis de seguridad en Barcelona

La muerte de una joven apuñalada la pasada madrugada en una zona de ocio nocturno en Barcelona volvió a activar ayer todas las alarmas por la inseguridad de la Ciudad Condal. Con el de anteanoche, son ya quince homicidios vinculados a la delincuencia común en lo que va de año. La percepción de inseguridad entre la ciudadanía, y de impunidad de los delincuentes, no es ficticia por más que las autoridades de la Generalitat y de la alcaldía traten de encubrir su notorio fracaso. En primer término, los principales responsables son la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo de gobierno municipal porque son inoperantes ante esta deriva de degradación de la ciudad. En algunas zonas de Barcelona es una temeridad circular por las calles sin el riesgo de convertirse en víctima de delitos contra su integridad. Los episodios de violencia vinculados al tráfico de drogas, las irregularidades de muchos pisos turísticos convertidos en tapaderas de negocios ilegales, el descontrol con inmigrantes con antecedentes, o el incremento en barrios marginales de organizaciones criminales que campan a sus anchas, son una rutina. Incluso, algunas compañías de transportes y de reparto se niegan a trasladar sus productos por diversas calles por temor a los robos. Barcelona, o más concretamente alguno de sus barrios más céntricos, está viendo deteriorada su imagen de capital cosmopolita y segura.

En Barcelona, el turismo nocturno se ha convertido en un problema, y los ataques con arma blanca se han multiplicado al hilo de una incomprensible permisividad con las conductas ilícitas, a las que se suma una atmósfera de degradación progresiva con la «okupación», los manteros y la indisciplina de los llamados «menas». Solo en el primer trimestre del año, la ciudad acumuló ya 94.000 infracciones penales, y no han dejado de incrementarse en el segundo. Más datos preocupantes: la decana de los juzgados de Instrucción ha reconocido la imposibilidad de tramitar la alta cantidad de infracciones leves que se cometen, y los juicios rápidos por delincuencia común empiezan a acumular retrasos de meses. Incluso, la patronal catalana Fomento del Trabajo ha propuesto una reforma del Código Penal que eleve las penas de cárcel contra los reincidentes en hurtos porque ahora solo se enfrentan a multas ineficaces y nada disuasorias.

Negar la evidencia, como hace Colau, es tan absurdo como culpar siempre a la derecha de crear un clima irrespirable basado en una mentira. Y es muy presuntuoso atribuir la supuesta «conjura alarmista» que denuncia la alcaldesa a un intento de destruirla políticamente. Sigue Colau pensando que ella es el ombligo del mundo. Y no es así. Los datos no mienten.