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EDITORIAL ABC

Confusión por el registro horario

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LOS famosos «viernes sociales» que puso en marcha Pedro Sánchez en plena campaña electoral no solo se han traducido en un sustancial aumento del gasto público, sino que han sembrado la confusión entre empresas y autónomos, tal y como evidencia el nuevo registro de jornada que entró en vigor ayer. Todas las compañías están obligadas a apuntar diariamente la entrada y salida de sus empleados para controlar el número de horas trabajadas bajo amenaza de multas, levantando con ello una oleada de protestas empresariales. La desproporción de la norma, la ausencia de un reglamento específico y, sobre todo, el inexplicable rechazo del Gobierno a negociar previamente esta medida con las empresas afectadas han hecho de esta exigencia un despropósito y una chapuza. La confusión es de tal calibre que el Ministerio de Trabajo publicará hoy una guía práctica sobre cómo poner en marcha el registro.

Las compañías tienen el deber y la obligación de respetar escrupulosamente las jornadas laborales de sus trabajadores, así como de abonar todas y cada una de las horas extra que realicen, como no puede ser de otra manera, y para eso está, precisamente, la Inspección de Trabajo. El decretazo del Gobierno resulta, en primer lugar, inútil e innecesario, puesto que en ningún caso logrará aflorar las horas no remuneradas. Además, supondrá nuevas cargas y costes para las empresas, especialmente para las pymes y los autónomos. Y, por si fuera poco, no solo no tiene en cuenta las particularidades de cada actividad, sino que va en contra de la flexibilidad, el teletrabajo y las nuevas dinámicas laborales que propicia la economía digital. Se trata, en definitiva, de una dañina ocurrencia de Sánchez para lanzar un guiño a los sindicatos con fines puramente electoralistas.