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Pedro Sánchez - EFE
EDITORIAL

Cataluña, recuperar el imperio de la ley

Difícilmente los matones de la CUP y Arran se sentirán disuadidos de continuar con la violencia si el mensaje de La Moncloa es que no pasa nada y que la normalidad es la nota dominante en Cataluña

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El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se niega a aplicar de nuevo en Cataluña las medidas de protección constitucional amparadas por el artículo 155, sino que ha llegado al extremo de afirmar que su aplicación «sería inconstitucional». El protectorado que ejerce Pedro Sánchez sobre los independentistas se cualifica como una humillación para el Estado y la sociedad, y constituye una infracción de los deberes constitucionales que pesan sobre el presidente del Gobierno de la Nación. Además, es falso que no haya motivos para aplicar el artículo 155 como reclaman el Partido Popular y Ciudadanos. La Asociación Catalunya Somos Todos ha publicado un exhaustivo informe de 152 páginas en el que recuenta todos los actos ilegales -un total de 313- cometidos por el independentismo a lo largo de 2018 y que han sido objeto de denuncia. Quedan fuera del conocimiento público todas las conductas contrarias a la Ley y la Constitución que no han sido denunciadas a las autoridades, y que serán numerosas como corresponde a un régimen opresivo como el instaurado por el separatismo en Cataluña que atemoriza al discrepante.

El mencionado informe desglosa las ilegalidades cometidas el pasado año por el independentismo, responsable de 227 infracciones penales, 63 vulneraciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y 12 incumplimientos de la Constitución. El documento es un repaso a toda clase de amenazas, coacciones, acosos, insultos, lesiones y daños cometidos por las bandas del separatismo catalán contra instituciones, partidos y personas no nacionalistas. El cuadro que dibujan los datos del informe es el de un territorio en el que impera la impunidad con el consentimiento del Gobierno central, porque negar la implantación de la violencia en la estrategia del separatismo es dar alas a los violentos para que sigan con la «borrokización» de las calles catalanas.

Difícilmente los matones de la CUP y Arran se sentirán disuadidos de continuar con la violencia si el mensaje de La Moncloa es que no pasa nada y que la normalidad es la nota dominante en Cataluña. Es más, parece que los crispadores y violentos son las víctimas de la violencia separatista por pedir algo tan elemental como la intervención efectiva del Estado a través del artículo 155 de la Constitución. Sánchez se sentirá muy ofendido cuando Pablo Casado le califica como cómplice del golpe separatista, pero si el presidente del Gobierno observara sus declaraciones y sus comportamientos con cierta objetividad se daría cuenta de que no solo no está haciendo nada por ganar el desafío planteado por el independentismo catalán, sino que lo anima con su decidida apuesta por recabar sus votos en el Congreso de los Diputados.