El alquiler no se dinamiza con dogmas

No hay dogma del catálogo más rancio de la izquierda que el Gobierno de la supuesta renovación no haya barajado en estos cien días de ejercicio. Desde el falso pacifismo de las bombas de Arabia al ecologismo de salón que puso en jaque a la industria de los automóviles diésel, pasando por la redacción de una ley a la medida de los restos mortales de Franco, el Ejecutivo de Sánchez ha tratado de ocultar su inoperancia, cuando no sus errores y sus carencias éticas, con un paquete de medidas diseñadas en exclusiva para recuperar los votos que habían migrado a Podemos y que poco tienen que ver con el interés general de los españoles. En esa línea de actuación, propaganda a menudo lesiva para el bien común, el Gobierno lanza ahora la idea de gravar la propiedad de inmuebles vacíos, movimiento estratégico que representa una opa en toda regla a las fuerzas que mejor supieron rentabilizar la indignación contra los desahucios durante la crisis que contribuyó a agravar el propio PSOE, a menudo desde los órganos de gestión de las cajas que quebraron.

Es más fácil anunciar impuestos «a los ricos» o a la banca que ajustar el presupuesto, como también resulta más simplista criminalizar a los propietarios de inmuebles que abordar una reforma fiscal que dinamice, y no castigue, el alquiler. De dudosa legalidad, el nuevo globo sonda del Gobierno de Pedro Sánchez restringe la propiedad privada, deriva al sector privado las obligaciones sociales del Estado, exonera a los ayuntamientos de los excesos de sus políticas urbanísticas, ignora las causas que hacen ineficiente el mercado de alquiler y, lo que es más grave, penaliza -en vez de estimular- la salida al mercado de las viviendas deshabitadas. Nada de eso parece importarle a un Ejecutivo que piensa en sus votos antes que en el bienestar de quienes aún no pueden acceder a una vivienda.