Editorial ABC

Acuerdo político, impulso económico

Madrid Nuevo Norte ha sido víctima de los celos entre las administraciones, cuando no de imposiciones dogmáticas y chantajes ideológicos, contrarios al interés general

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Aprobado ayer por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de la capital de España, a la operación Chamartín solo le falta ya el necesario visado de la Comunidad de Madrid para que las máquinas comiencen a levantar -será a finales del año que viene, según los cálculos que se manejan- el que va a ser el mayor proyecto urbanístico de la Europa de nuestro tiempo. Cerca de 120.000 empleos, que podrían llegar a 240.000 cuando esté terminado, una inversión que supera los 7.000 millones de euros y una actuación que cambiará la fisonomía de tres millones de metros cuadrados de superficie ponen de manifiesto la magnitud de una intervención urbana que confirma que a Madrid no le hacían falta para crecer y generar riqueza la organización de unos Juegos Olímpicos, ni la instalación de un parque de ocio como Eurovegas. El potencial económico estaba dentro de la propia ciudad, y para desarrollarlo solo hacía falta el necesario entendimiento político.

Si el retraso de la denominada operación Chamartín -luego rebautizada como Madrid Nuevo Norte- tiene su origen en el desencuentro político, factor que ha obstaculizado este proyecto desde hace más de un cuarto de siglo, el voto unánime con que ayer salió adelante pone de manifiesto la virtud del acuerdo y el pacto, esenciales en un momento público determinado por la fragmentación del voto y el pulso electoralista entre las distintas formaciones que se reparten el poder legislativo. El nuevo equipo que dirige el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asumido el proyecto elaborado por su antecesora sin tocar una sola coma, decidido a poner en marcha cuanto antes y sin más controversias un plan urbanístico que en veintiséis años ha sido víctima de los celos de las distintas administraciones, cuando no de imposiciones dogmáticas y chantajes ideológicos, contrarios a la lógica económica y, peor aún, al interés general. Ponerse de acuerdo para impulsar la inversión y el empleo de Madrid, con una actuación que de forma permanente creará más de 90.000 empleos en esta ampliación del paseo de Castellana, es el mejor ejemplo que la clase política de la capital puede dar en este momento a la del resto de España, especialmente a la que se sienta en el Congreso de los Diputados.

Quienes, desde unas y otras instancias administrativas, trataron de sacar provecho electoral de la congelación y la recurrente revisión de la operación Chamartín quizás lograsen a corto plazo rentabilizar su apuesta, personal o grupal. Es Madrid en su conjunto, en cambio, quien se beneficia de la definitiva aprobación de un proyecto que ha de representar, no solo para la ciudad que lo va a acoger, un modelo de entendimiento público, cesión política y, en definitiva, servicio al ciudadano.