Editorial ABC
17-A: se acumulan las preguntas
Es necesario analizar los acontecimientos previos a los ataques terroristas para detectar los fallos y asegurar para el futuro un mejor funcionamiento de las administraciones
PUESTAS en orden las preguntas que los Mossos d’Esquadra y sus responsables políticos tienen que responder sobre su actuación previa a los atentados de Barcelona y Cambrils , resulta una lista de posibles fallos de coordinación –en la más benévola de las interpretaciones– con Guardia Civil y Policía Nacional y de valoración de unos indicios que correctamente analizados habrían apuntado a la existencia de un grupo de carácter yihadista. Responsables, directos e indirectos de la masacre de Barcelona y del asesinato de Cambrils son únicamente los terroristas reclutados por el imán de Ripoll. Y nadie más. A partir de esta certeza, que muchos olvidaron el 11-M, es necesario analizar los acontecimientos previos a los ataques terroristas para detectar los fallos y asegurar para el futuro un mejor funcionamiento de las administraciones públicas. Hay un problema en la objetividad con la que hay que asumir las explicaciones pendientes. Es el aplauso oportunista a los Mossos d’Esquadra, que puede volverse contra este cuerpo policial, justo acreedor del reconocimiento público por su actuación en Cambrils, porque encierra una finalidad política vinculada con el proceso separatista y el referéndum del 1-O.
Cuanto más se fuercen las alabanzas, más filo tendrán las aristas de su intervención previa a los atentados. Por lo pronto, alguien debe explicar desde la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña por qué Mossos d’Esquadra no atendió la sugerencia de la juez de instrucción encargada de la explosión de Alcanar de que la vivienda podía ser una fábrica de explosivos. «No exagere, señoría» fue la respuesta que recibió por la Policía autonómica. También habrá que conocer qué criterio aplicó el mando de los Mossos d’Esquadra que despachó el interés de Bélgica sobre los vínculos yihadistas del imán de Ripoll con una respuesta negativa, sin consultar con Guardia Civil y Policía Nacional.
La valoración de lo sucedido, desde la perspectiva policial, se resume en la decisión del juez Andreu de encargar la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los principales responsables de la Audiencia Nacional y de su Fiscalía acordaron, tras una reunión con los tres cuerpos policiales implicados, que la coordinación corra a cargo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio de Interior y creado como consecuencia de la fusión de otros organismos similares constituidos tras el 11-M. Una vez que la investigación judicial está en marcha, lo mejor será sosegar el ambiente y ceder todo el protagonismo a la respuesta ciudadana que mañana se producirá en la manifestación convocada en Barcelona, a pesar de las sombras partidistas que la alcaldesa Colau y la CUP quieren arrojar sobre ella.
