España ha contado con el apoyo de Australia y Nueva Zelanda en la Operación Sparrow
España ha contado con el apoyo de Australia y Nueva Zelanda en la Operación Sparrow - REUTERS
OPERACIÓN SPARROW

España sancionará a varias empresas pesqueras y tripulantes españoles implicados en actividades ilegales

Tras el análisis de los documentos recopilados en la sede de varias firmas domiciliadas en Galicia el ministerio de Agricultura ha detectado 19 infracciones a la Ley de Pesca Marítima del Estado

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a través de la Secretaría General de Pesca, ha iniciado el proceso sancionador de la «Operación Sparrow», una vez finalizado el análisis y clasificación de los más de tres mil documentos recopilados en la sede de varias empresas domiciliadas en Galicia bajo autorización judicial durante el desarrollo de la misma. La Operación Sparrow, que «no tiene precedentes a nivel internacional», tal y como destaca el Magrama en una nota, «se ha llevado a cabo gracias a la reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado», aprobada en diciembre de 2014.

En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se imputa la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida

(CCRVMA), así como el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con su actividad. Se trata de los barcos Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai. Dichos buques fueron detectados por las autoridades australianas y neozelandesas mientras se encontraban pescando ilegalmente a principios de este año. Kunlun fue detenido en marzo cuando intentaba desembarcar en Phuket (Tailandia) las capturas ilegales que llevaba a bordo. Songhua y Yongding fueron detenidos en mayo en Mindelo (Cabo Verde). Tiantai desapareció en aguas antárticas, hundido, en marzo de 2014, detalla WWF en un comunicado.

En este contexto, el ministerio de Agricultura imputa a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos.

Asimismo, Agricultura imputa a varios ciudadanos españoles la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.

En total, el Magrama imputa diecinueve infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.

Cuatro buques implicados: Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai

El Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros, por lo que la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza.

Depurar responsabilidades

Al mismo tiempo, el Ministerio va a proceder de manera inminente a abrir expedientes sancionadores a cincuenta tripulantes españoles por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos años, en contra de la prohibición expresa del reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como por no comunicar a la Secretaría General de Pesca el enrolamiento en puestos de mando en buques abanderados por un tercer país.

Asimismo, ante los indicios sobre la presunta comisión de múltiples infracciones por ejercer la actividad pesquera sin licencia o la captura de especies sin autorización en aguas internacionales, Agricultura procederá a poner en conocimiento de los Estados de pabellón, competentes para sancionar dichas infracciones, los presuntos hechos infractores.

Para evitar la impunidad de los buques que operan bajo banderas de conveniencia, y en caso de que en el plazo de tres meses desde la comunicación oficial de España, que marca la normativa nacional, no exista respuesta o no se haya iniciado alguna actuación, el Magrama iniciará los correspondientes expedientes sancionadores para depurar responsabilidades oportunas.

De igual forma, la información recabada en la Operación Sparrow relativa a las redes de distribución de las capturas ilegales a través de empresas domiciliadas en terceros países, se va a poner en conocimiento de las autoridades de dichos países, para que adopten las medidas oportunas para poner fin a dichas redes de distribución.

Cincuenta tripulantes españoles se han enrolado en dichos barcos

Además, los servicios jurídicos del Ministerio estudian las posibles acciones legales para hacer frente a aquellas empresas que han prestado servicios o apoyo a las actividades de los citados buques ilegales, como pueden ser el suministro de combustible, pertrechos u otros materiales de apoyo, o la prestación de servicios financieros o el aseguramiento de los buques y las cargas.

La coalición integrada por tres ONG internacionales, Environmental Justice Foundation, Oceana y WWF ha calificado la decisión de momento histórico en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR). Y ha hecho un llamamiento a otros Estados miembro de la Unión Europea (UE) para que sigan su ejemplo con sus propios nacionales. «Es la sanción más elevada conocida -las sanciones económicas podrían alcanzar más de 11 millones de euros contra empresas y ciudadanos españoles-, y la primera de esta categoría que se ha impuesto en la historia de la UE en relación con la pesca INDNR», ha declarado María José Cornax, responsable de las campañas de pesca de Oceana.

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