Los vendedores de vehículos cargan contra el plan anticontaminación de Carmena

El nuevo plan anticontaminación que baraja el Ayuntamiento de Madrid no ha gustado nada a la industria del motor. Para Ganvam, la asociación que agrupa a los vendedores de vehículos, las 30 medidas presentadas el pasado mes de marzo por la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y la alcaldesa, Manuela Carmena, «utilizan la excusa de la contaminación para cambiar el modelo de ciudad».

Según Ganvam, el denominado Plan A de calidad del aire de Madrid, «incluye medidas restrictivas del tráfico privado desproporcionadas y arbitrarias» y «confunde interesadamente vehículo privado con contaminación». En este sentido, desde la asociación consideran el documento «más un ideario que un programa de acción riguroso y viable, con objetivos dudosos y medidas de corto alcance».

Los vendedores de vehículos critican también que el Ayuntamiento fundamente su plan de acción en datos desfasados: «Se basa en el parque censado en 2013, cuando existen datos a 31 de diciembre de 2016. No cuenta el impacto de mejoras tecnológicas como el Euro6 o el plan de ayudas de la Comunidad de Madrid para la actualización del parque de vehículos comerciales», explica Jaime Barea, director de los servicios jurídicos de Ganvam, que también destaca que los registros climáticos «se remontan a valores de entre 1981 y 2010».

El Plan A recoge, entre otras limitaciones, la restricción de la velocidad en la M-30 y accesos a 70 km/h a partir de 2018, la limitación del estacionamiento regulado en el centro a partir de 2020 a los vehículos más antiguos, y la limitación de circulación en todo el término municipal a partir de 2025 de vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y diésel anteriores a 2006.

Desde el sector se oponen especialmente la instauración de un área de cero emisiones en gran parte de la almendra central de la ciudad a partir de enero de 2018. En ella quedaría restringido el acceso de vehículos de combustión, lo que según Ganvam afectará diariamente al 25% del tráfico privado y a un millón de personas. «Es demasiado amplia y el enorme gasto que tendría su señalización y control no está correctamente reflejado en el presupuesto del plan», cree Barea.

Por ello, consideran que el plan vulnera el derecho constitucional de las personas a moverse libremente y, a cambio, no ataja el problema de la contaminación con medidas eficaces, que para Ganvam serían las ayudas para rejuvenecer el parque automovilístico —un diésel de hace 20 años contamina lo que 100 actuales, aseguran— y la regulación de sectores como el ferrocarril, la aviación, la industria o las calefacciones centrales, responsables del 69% de las emisiones. Desde la asociación también piden un plan de actuación en pavimentos y fachadas para evitar el efecto conocido como «isla de calor».

Por estos motivos, Ganvam pide al Ayuntamiento consensuar este plan con empresas y asociaciones del motor y someter sus medidas a la votación de los vecinos.