Las multas por acceder a las zonas de circulación restringida se pueden recurrir y ganar

No todo lo que graban las cámaras de tráfico es necesariamente válido, si no se aportan los documentos que acrediten que la máquina no ha sido manipulada y que su funcionamiento es el correcto. Además, las señales que regulen el tráfico deben ser claras y estar bien visibles.

Por eso el Juzgado Contencioso- Administrativo número 14 de Madrid ha anulado una sanción por acceder a una vía de circulación restringida (las llamadas Áreas de Prioridad Residencial en Madrid). Y es que la Policía no acompañó la multa de las necesarias acreditaciones de que la cámara funcionaba correctamente y por tanto quedó anulada la multa, que ascendía a 90 euros.

El conductor había sido denunciado por acceder a una de las zonas de circulación restringida por el Ayuntamiento de Madrid, constituyendo una falta leve.

La denuncia se acreditaba con una imagen del vehículo en la zona, tomada por una de las cámaras que custodian la circulación de esas zonas. En el recurso, presentado por Pyramid Consulting, se solicitaban todas las pruebas que acreditaran que la cámara funcionaba correctamente y que la señalización era la adecuada, así como el informe de ratificación del agente denunciante. Ante la falta de algunas de estas pruebas, la multa queda automáticamente invalidada.

Presunción de inocencia

Si bien es cierto que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico cuentan con la presunción de veracidad, esta no puede aplicarse cuando quien ha recabado las pruebas es una máquina, como es el caso de las cámaras o los radares de control de velocidad. En ese caso, prima la presunción de inocencia del acusado, por lo que se deberán presentar todos los elementos probatorios que sean posibles, acreditando que aquello que se denuncia realmente ocurrió.

Por todo esto, el Magistrado ha entendido que, a la vista de las alegaciones, la Administración debió aportar la documentación referente al correcto funcionamiento de la cámara, para no vulnerar los derechos del recurrente