España, pionera en vetar la combustión, pero a la cola en ayudas a los coches «ECO» y «cero»
Reino Unido y Alemania contemplan partidas de más de 3.000 millones de euros, y Francia de más de 20.700, para el fomento de la movilidad eficiente, mientras que España ha presupuestado 67 millones para este año y contempla destinar 200 a partir de 2020. Ningún país europeo ha aprobado prohibir los coches diésel o gasolina, y apuestan por desincentivarlos
España quiere adelantar al resto de países de Europa en la prohibición de los coches de combustión, y busca hacerlo con planes de incentivo a los vehículos alternativos mucho menos dotados económicamente que los que se plantean en países como Francia, Alemania o Reino Unido. Países en los que, según subraya la industria automovilística, «las únicas estrategias (para poner fin a los vehículos diésel o gasolina) están articuladas como medidas no vinculantes».
Anfac, la patronal que agrupa a los fabricantes de vehículos con presencia en España, asegura que «las distintas iniciativas en España para vetar la venta o circulación de vehículos con emisiones de CO2 directas - en clara referencia al proyecto de Ley de Cambio Climático de Baleares, que denunció ante la Comisión Europea la semana pasada - dibujan un panorama inédito en Europa». La industria también es crítica con la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vetar los coches de combustión a partir de 2040, aunque asegura que se encuentra en conversaciones con el Gobierno para matizar este objetivo.
En este sentido, reprocha, en un comunicado, que los promotores de estas medidas de restricción digan inspirarse en otros países europeos cuando «ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante». Frente a ellas, el vicepresidente de Anfac, Mario Armero, resaltó recientemente en una entrevista con ABC el carácter «prohibicionista» del texto de Baleares, en avanzada fase de tramitación parlamentaria. Una estrategia que la patronal de los fabricantes considera desacertada: «No podemos apoyar medidas basadas en el prohibicionismo y contrarias al principio de neutralidad tecnológica, principio que refrenda Europa con sus medidas».
201 millones prevé destinar el Gobierno español a partir de 2020, el 30% del «impuestazo» al diésel
67 millones están contemplados para fomento de la movilidad eficiente en el proyecto de Presupuestos 2019
«Hay que ser prudentes a la hora de valorar o calificar los distintos anuncios, que en ocasiones son globos sonda», explica Mar García Ramos. Socia responsable de automoción de la consultora Grant Thornton, resalta que «son muy pocos los casos» en los que se ha aprobado legislación específica sobre la finalización de la producción o venta de vehículos de combustión interna, «y cuando ha sido aprobada, mucha de la legislación no es vinculante.
Los proyectos de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos o Dinamarca, según la patronal Anfac, son solo « documentos estratégicos que señalan objetivos », dejando al margen las medidas concretas de restricción en entornos urbanos, en las denominadas «zonas de bajas emisiones». Unas medidas que, como resalta García Ramos, de Grant Thornton, tendrán un impacto considerable. «Los Gobiernos municipales tienen capacidad para poner en marcha políticas restrictivas de forma rápida, y su efecto sobre la compra de vehículos de combustión será importante».
Apoyo a la industria
Los países de nuestro entorno incorporan medidas para apoyar a la industria a la hora de afrontar la transición a nuevas tecnologías de propulsión, «y vienen acompañadas de abultados presupuestos», con partidas destinadas no solo a los vehículos eléctricos sino también a la adquisición de coches de combustión de bajas emisiones. Así, Anfac recuerda que, por ejemplo, Reino Unido ha comprometido a estas partidas 2.700 millones de libras (3.060 millones de euros), en el marco de la estrategia «Road to Zero», mientras que Francia contempla dedicar 20.700 millones de euros para su futura Ley de Ordenación de la Movilidad. Mientras tanto, el plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica de Alemania cuenta con 3.200 millones de euros.
Por contra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé destinar este año tan solo 67 millones de euros a la movilidad sostenible . Se trata de una partida casi idéntica a la contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 bajo el paraguas del Plan Vea, que no se ejecutó por las dificultades políticas y el cambio de Gobierno. A partir de 2020 el Ejecutivo prevé destinar 201 millones de euros, en el marco del denominado Plan Renove 2020. Esta cantidad procede de la subida impositiva al diésel, cuyo nivel de gravámen se equipara al litro de gasolina en el proyecto de Cuentas presentado este mes. Mientras tanto, el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, conocido en noviembre, no habla de ayudas.
«El parque automovilístico en España es uno de los más antiguos de Europa. Es clave estimular la compra de vehículos », cuenta García Ramos, que también destaca que «a medida que las matriculaciones eléctricas aumenten, eso actuará como factor clave para que las fábricas españolas aceleren los cambios a nuevas motorizaciones».
Lo que no teme la experta de Grant Thornton, a diferencia de otras voces de la industria, es que el posicionamiento del Gobierno pueda dañar a las fábricas españolas. «La práctica totalidad de los fabricantes de automóviles están acelerando sus planes para la producción de vehículos eléctricos». Daimler anunció una inversión de 12.000 millones, y Ford una cifra similar para producir 40 modelos, mientras que Volkswagen electrificará toda su gama de aquí a 2030. «Ocho de cada diez directivos de la industria considera que se harán las inversiones necesarias», afirma, según sus estimaciones. «El sector apuesta claramente por la fabricación de automóviles en España, dada la demostrada capacidad y flexibilidad de la industria».
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Reino Unido - Road to Zero
El plan del Gobierno británico para acabar con los vehículos de combustión ha hecho correr ríos de tinta, pero lo cierto es que la denominada estrategia « Road to Zero» carece de rango de Ley . Aunque no prohíbe tecnologías concretas -así lo dice expresamente en su planteamiento- si marca como objetivo que todos los automóviles y furgonetas de nueva comercialización en 2040 sean de cero emisiones. El propósito final es alcanzar la descarbonización total del transporte por carretera en el año 2050.
Sin embargo, otra de sus metas, como recuerdan desde Anfac y como señaló el pasado septiembre la primera ministra Theresa May, es « mantener a la industria automovilística británica como líder en el diseño y la fabricación de vehículos de cero emisiones». Para ello, moviliza un presupuesto de 2.700 millones de libras (3.060 millones de euros), de los cuales 1.500 están dedicados de forma directa a la compra de vehículos de bajas emisiones y a la dotación de infraestructuras adecuadas de recarga, además de a proyectos industriales de I+D. Además, ciudades como Londres o Leeds tienen o estudian crear zonas de bajas emisiones.
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Francia - Ley de ordenación de la movilidad
La repentina dimisión del ministro de Ecología, Nicolás Hulot, en agosto del año pasado, frenó el desarrollo de su Plan Clima, en el que se pretendían establecer objetivos definidos a largo plazo. En su lugar, el proyecto de «Loi d’orientation des mobilités», o Ley de Ordenación de la Movilidad, presentado en noviembre y pendiente de su aprobación final, plantea desarrollar el uso de movilidad limpia y compartida a diario, y mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías. Con la calculadora en la mano, el Ejecutivo galo ha comprometido más de 20.700 millones de euros para fomentar la descarbonización del transporte. Solo entre 2018 y 2019 desembolsará cerca de 1.000 millones para cambiar vehículos antiguos por nuevos, sean de combustión tradicional, híbridos, o eléctricos, incluso de ocasión.
Entre los modelos que el Gobierno galo considera eficientes están aquellos con emisiones de menos de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Un SUV compacto nuevo con motor diésel, por ejemplo, ofrece emisiones por debajo de ese umbral según la normativa NEDC correlacionada.
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Alemania - Movilidad eléctrica y achatarramiento
Alemania busca incentivar el despegue de la movilidad electrificada, pero sin olvidarse de los automóviles de combustión. Su plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica compromete 3.200 millones de euros, de los cuales 1.200 se destinan específicamente a subvencionar la compra de híbridos y eléctricos, con hasta 3.000 euros por vehículo en el primer caso y 4.000 en el segundo. Además, hay un fondo con otros 300 millones para instalar infraestructuras de recarga, y otros 2.200 destinados a investigar sobre la electrificación de la movilidad. Además, ciudades como Berlín o Stuttgart han creado zonas de bajas emisiones, en función de las etiquetas medioambientales, con vetos a los diésel hasta Euro5.
Para compensar, el Gobierno alemán ofrece cuantiosas ayudas para achatarrar automóviles antiguos y adquirir nuevos , de hasta 8.000 euros. A ello se suman las ayudas de los fabricantes, que son complementarias, para adquirir coche nuevo. Precisamente ayer Volkswagen anunció que dará hasta mayo 7.000 euros por sustituir un diésel viejo por uno nuevo, y Audi hasta 9.000. Renault llegó a ofrecer incluso 10.000.
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Dinamarca y Países Bajos - eliminación gradual pero con producción de energía limpia
Dinamarca y los Países Bajos coinciden en su intención de descarbonizar el transporte por carretera, algo que quieren acompasar con la eliminación del carbón y el gas del mix de generación de energía eléctrica. Se trata de un objetivo que los holandeses han establecido para 2035, fecha para la que esperan que el parque móvil esté descarbonizado, con ayudas de hasta 6.000 euros para comprar coches eléctricos.
Mientras tanto, los daneses demoran la producción de energía de forma totalmente limpia hasta 2050 , en línea con lo previsto por el proyecto español de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ambos países contemplan ayudas fiscales a la compra de vehículos de cero y bajas emisiones, de 12,5 millones en el caso danés . Además, en el Parlamento del país se está discutiendo un paquete de medidas legislativas para reducir las emisiones.
Según Anfac «no es previsible» que se establezca ninguna prohibición concreta a la venta de vehículos diésel o gasolina, algo que, a su juicio, «incumpliría las reglas del mercado interno» de la Unión Europea.
