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ACOSO A LOS DIÉSELEspaña es pionera en vetar la combustión, pero está a la cola en ayudas a los «ECO»

Los fabricantes de vehículos, agrupados en Anfac, aseguran que ningún país del continente cuenta con proyectos de ley de prohibición de los vehículos térmicos, como el que planea Baleares para 2025 o el Gobierno central para 2040. Además, resaltan que las medidas no vinculantes de restricción de otros países europeos «vienen acompañadas de abultados presupuestos orientados a la descarbonización»

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España quiere adelantar al resto de países de Europa en la prohibición de los coches de combustión, y busca hacerlo con planes de incentivo a los vehículos alternativos muy alejados de los que se plantean en países como Francia, Alemania o Reino Unido. Países en los que, según subraya la industria automovilística, «las únicas estrategias planteadas están articuladas como medidas no vinculantes».

Anfac, la patronal que agrupa a los fabricantes de vehículos con presencia en España, asegura que «las distintas iniciativas en España para vetar la venta o circulación de vehículos con emisiones de CO2 directas -en clara referencia al proyecto de Ley de Cambio Climático de Baleares, que denunció ante la Comisión Europea la semana pasada- dibujan un panorama inédito en Europa». La industria también es crítica con la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vetar los coches de combustión a partir de 2040, aunque asegura que se encuentra en conversaciones con el Gobierno para matizar este objetivo.

En este sentido, Anfac reprocha, en un comunicado, que los promotores de estas medidas de restricción digan inspirarse en otros países europeos cuando «ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante». Frente a ellas, el vicepresidente de Anfac, Mario Armero, resaltó la semana pasada en una entrevista con ABC el carácter «prohibicionista» del texto de Baleares, en avanzada fase de tramitación parlamentaria.

Los proyectos de Reino Unido, Francia, Alemaia, Países Bajos o Dinamarca, según la patronal, son solo «documentos estratégicos que señalan objetivos», dejando al margen las medidas concretas de restricción en entornos urbanos, en las denominadas «zonas de bajas emisiones». Además, incorporan medidas para apoyar a la industria a la hora de afrontar la transición a nuevas tecnologías de propulsión, «y vienen acompañadas de abultados presupuestos», con partidas destinadas no solo a los vehículos eléctricos sino también a la adquisición de coches de combustión de bajas emisiones.

Así, Anfac recuerda que, por ejemplo, Reino Unido ha destinado a estas partidas 2.700 millones de libras, en el marco de la estrategia Road to Zero, mientras que Francia contempla dedicar 20.700 millones de euros para su futura Ley de Ordenación de la Movilidad. Mientras tanto, el plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica de Alemania cuenta con 3.200 millones de euros.

Por contra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé destinar este año tan solo 67 millones de euros a la movilidad sostenible. Se trata de una partida casi idéntica a la contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 bajo el paraguas del Plan Vea, que no se ejecutó por las dificultades políticas y el cambio de Gobierno. A partir de 2020 el Ejecutivo prevé destinar 201 millones de euros, en el marco del denominado Plan Renove 2020. Esta cantidad procede de la subida impositiva al diésel, cuyo nivel de gravámen se equipara al litro de gasolina en el proyecto de Cuentas presentado este mes.