Dos agentes, ayer, junto a la estación de bicicletas instalada junto al Parque del Retiro, frente a la Puerta de Alcalá
Dos agentes, ayer, junto a la estación de bicicletas instalada junto al Parque del Retiro, frente a la Puerta de Alcalá - ángel de antonio

Policías de paisano vigilarán Bicimad

El Ayuntamiento ultima un protocolo de seguridad para evitar el vandalismo. Desde 2014 han robado o destrozado 1.000 bicicletas, la mitad de la flota

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La Policía Municipal tendrá una nueva función dentro de muy poco tiempo: vigilar las estaciones más conflictivas de BiciMad. El Ayuntamiento de Madrid prepara un protocolo de seguridad para la bicicleta pública dado el incremento desmesurado de robos de estos vehículos y actos vandálicos en sus anclajes desde el mes de junio. Se trata de un acuerdo que ultiman la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, la de Salud, Seguridad y Emergencias y Bonopark, la empresa concesionaria del servicio (por diez años por un coste de 25 millones de euros). Este dispositivo de vigilancia especial entrará en funcionamiento a corto plazo, detallan desde la Concejalía que dirige Javier Barbero.

El gobierno de Manuela Carmena situará a agentes de paisano en las instalaciones más conflictivas a modo preventivo. La actuación policial se centrará sobre todo en once de las 163 estaciones repartidas por la capital (en el gráfico). También se encargará el Cuerpo Municipal de controlar la conducción para evitar accidentes, sobre todo durante los fines de semana, cuando la gente utiliza esta red con alguna copa de más. Como novedad, los funcionarios tendrán acceso a la identificación de las personas que alquilen las bicicletas para proceder a una denuncia en caso de intento de sustracción, robo o destrozo. Se pretende agilizar de este modo la tramitación de diligencias.

Anclajes, los más afectados

Informan desde Bonopark que, desde que se puso en marcha esta prestación el 23 de junio de 2014, 1.000 bicicletas han sido robadas o vandalizadas hasta su completa inutilización. Se han dado casos de encontrar el vehículo quemado o hundido en el río Manzanares o en fuentes. Esta cifra supone la mitad de su flota, ya que el sistema cuenta con 2.000 bicis en la ciudad –aunque el Ayuntamiento informó a principios de octubre de que solo había 1.600–.

Además, esta empresa ha tenido que realizar reparaciones en más de 4.500 vehículos sobres diferentes elementos: sillines, ruedas rajadas, cadenas desmontadas,... Desde junio pasado, se han producido más de 1.600 actos vandálicos, contabilizan. Los vehículos cuentan con un sistema GPS para localizarlas cuando son desvalijadas.

«Los mayores desperfectos se localizan en los anclajes porque cuando proceden al robo de la bici lo rompen», añaden desde Bonopark. Hasta ahora se han celebrado más de un centenar de juicios por estas causas, tanto por los juzgados de instrucción (los que se llevan la mayor parte) como por los de lo penal. La sentencia más ejemplarizante ha decretado seis meses de prisión para el autor.

Perfil: joven ebrio

La Policía tiene un perfil de los individuos que comenten estos actos: varón de entre 18 y 25 años ebrio. Bonopark es la que asume el coste de estos daños más el de los procesos de judicialización. No quisieron detallar la valoración en pérdidas, pero subrayaron que es «cuantiosa».

El Ayuntamiento de Madrid, interesado en ampliar la red de Bicimad, estudia, por otra parte, qué hacer con la concesión a Bonopark. El número de reclamaciones por este servicio registró su máximo en la semana del 21 al 27 de septiembre, con un total de 4.941 quejas.

El Consistorio ha exigido a Bonopark que en la calle haya 2.028 bicicletas, pero según informaron desde el Área se llegó a 1.588 el pasado 25 de septiembre. Lo que no cesan de crecer son el número de quejas. Solo basta con mirar las redes sociales con la etiqueta #bicimad.

Piden el cambio de empresa

Este servicio cuenta con más de 40.000 abonados en Madrid. Hay una iniciativa en la plataforma Change.org en la que más de 18.000 usuarios piden la retirada de la gestión a Bonopark por deficiencias en la prestación del servicio. Entre las denuncias esgrimen que el lector de tarjetas no lee, que el motor está inoperativo, los frenos no funcionan, hay saldo negativo en el bono pese a asegurarse el usuario que ancla la bicicleta o el servicio gratuito de atención al usuario no responde. El Ayuntamiento iba a analizar estas cuestiones.