El alcalde de Parla busca la ayuda de Hacienda para evitar el apagón

A 72 horas para que acabe el plazo dado por Iberdrola, el Ayuntamiento de Parla trabaja a contrarreloj para evitar el apagón en el municipio. Paralelo a su interlocución con Cofely, intermediaria de la gestión que adeuda diez millones de euros a la distribuidora, el Ministerio de Hacienda ha abierto una tercera vía en la negociación para hallar una alternativa, dada la insolvencia del Consistorio.

En una información adelantada por ABC, el anterior gobierno municipal, del PSOE, no reconoció decenas de facturas del suministro eléctrico desde octubre de 2014 – detención del exalcalde José María Fraile–, por lo que Iberdrola dio un ultimátum: si no recibe los diez millones antes del próximo lunes, cortará la luz.

La empresa gestora, por su parte, solicitó hace un mes la «suspensión, resolución y liquidación» del contrato con el Ayuntamiento por su «reiterado incumplimiento» en las «obligaciones de pago».

Aunque el tiempo marcado en la misiva expiró hace dos días, Cofely ha dado una prórroga mientras se desarrolle la negociación, por lo que el acuerdo no ha expirado definitivamente.

El gobierno municipal, regido por el popular Luis Martínez Hervás, indica a este periódico que mantiene un contacto permanente con Cofely, «cada una o dos horas», con el fin de alcanzar un acuerdo. Acercadas las posturas, Hacienda ha intervenido en el proceso como tercer actor no para asumir la cantidad a deber, pero sí para encontrar otras opciones, motivado por la crítica situación económica de Parla, cuya deuda alcanza los 600 millones de euros.

Desde el Consistorio, aseguran que la intención es, al menos, reconocer todas las facturas de 2015, una posición antagónica a la que mantuvo Beatriz Arcerdillo, la última regidora, hoy portavoz del grupo Mover Parla.

«Problema de credibilidad»

Según una nota publicada por el Ayuntamiento tras la información de este periódico, del desglose de los 10 millones de euros sin pagar 5’5 remiten a facturas no reconocidas; 3 millones a las que se llevó la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica y a otras no contabilizadas; y más de 800.000 euros a otro montante reconocido.

Con este gesto esperan modular la consideración de Cofely sobre el Consistorio, muy deteriorada en los últimos meses. Martínez Hervás señaló ayer que el problema fundamental obedece a un tema de «credibilidad», ya que la empresa «no se fia de las buenas palabras e intenciones» adelantadas.