Críticas por la celebración de Veranos de la Villa en el Palacete los Vargas

La ubicación de las instalaciones, el escenario y el graderío que acogerán una nueva edición de Veranos de la Villa ha sido cuestionado, principalmente por la «Plataforma Salvemos la Casa de Campo». La organización expresa su «más rotundo desacuerdo» al considerar que se ha elegido el lugar más histórico de este Parque -el Palacete los Vargas- creado en 1722. Alegan que allí se encuentran los escasos y desconocidos restos renacentistas de la capital.

La plataforma entiende que la decisión de situarla allí la tomó el gobierno de Ana Botella hace meses justo al detectarse problemas, el pasado verano, en el suelo en los Jardines Sabatini.

«No hubo, como es habitual, noticia previa de esta ubicación, razón que pone sobre el tapete la necesaria creación de una Junta Rectora que contribuya, formalmente, en la participación colaborativa con la Dirección del Parque», señalan.

A su juicio, la Casa de Campo, declarada BIC en 2010, «ha sufrido, y sufre, agresiones varias y numerosas debido a la dejadez de determinadas instancias, mediatizadas por influencias o decisiones políticas».

Nuevo gobierno

La «Plataforma Salvemos la Casa de Campo» confía en que el nuevo gobierno tome en consideración la normativa vigente, relacionada con los lugares BIC «en contra de lo realizado por los gobiernos durante los últimos 25 años», muchos casos calificados de actuaciones «anti sistema». Señalan el caso de ampliación y soterramiento de la M-30, donde, tal como apuntan, «se burló, tramposamente, la normativa legal».

Según la organización, las obras de reposición y consolidación del Palacete de Los Vargas, con un coste de 600.000 €, han de rematarse en el futuro con un destino acorde con sus valores ligados a la historia y desarrollo de Madrid desde hace siglos.

Apuntan, a pesar de su oposición a eventos masivos y continuados en el Parque, la explanada donde se halla instalado el Circo del Sol como un lugar menos problemático para ubicar el evento. Asimismo, denuncian «la errónea y lamentable decisión» de instalarlo en tal lugar, e instan a conocer los nombres y apellidos de los responsables como una «buena práctica democrática».