Indignación contra los alcaldes detenidos: «Que devuelvan el dinero»

«Ladrones. Chorizos. Sinvergüenzas». Improperios como estos se escucharon ayer en las calles de la media docena de municipios de la región cuyos alcaldes fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de la macrorredada anticorrupción.

Los vecinos de las localidades afectadas por los arrestos: Parla (José María Fraile, PSOE); Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández, UPMA); Casarrubuelos (David Rodríguez, PP); Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro, PP);Collado Villalba (Agustín Juárez, PP) y Valdemoro (José Carlos Bouza, PP), estallaron, indignados, contra la supuesta trama de responsables políticos y funcionarios municipales de sus ayuntamientos que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibía comisiones ilegales de manos de empresarios a cambio de adjudicaciones y de obras públicas.

El goteo de detenciones y de registros fue incesante a lo largo de la mañana.

Algunos duraron más de 12 horas, como el de Parla. Tras la de Francisco Granados, exsecretario general del PP (2004-2011), quien ocupó las consejería de Transporte y Presidencia, Justicia e Interior con Esperanza Aguirre (2003-2011), y que fuera entre 1999-2003 alcalde de Valdemoro, se fueron sucedieron las de los demás. «Ha caído el actual, Bouza (PP)», festejaban el centenar de personas congregadas de forma espontánea frente al Ayuntamiento de Valdemoro, registrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde las nueve de la mañana en el marco de la operación Púnica, junto a los cinco ayuntamientos citados. «También han trincado al de Parla», comentaban entre sí dos ancianos.

La plaza de la Constitución de Valdemoro parecía radiopatio. Las noticias corrían de boca en boca. Y con ellas el estupor y la irritación. «¡Qué vergüenza. Y se llaman administradores de lo público!», vociferaba un grupo de valdemoreños. La mayoría de residentes decían que la noticia no les había sorprendido, al contrario que en otras localidades. «Estamos encantados. Llevamos mucho tiempo aguantando a chorizos de uno y otro color», explicaba Begoña, luciendo la camiseta de la última reivindicación: «Crematorio no». «En este pueblo todo queda en familia. Se contrata al personal a dedo y, para más inri, las adjudicaciones se las da la hermana de David Marjaliza –empresario e íntimo amigo de Granados– a quien quiere, todo ello presuntamente claro, ya que trabaja en el servicio de contratación del Ayuntamiento». Su versión la corroboraba Mari Cruz y Nieves «Aquí no se hace una oposición y la privatización de los servicios se la otorgan a los amiguetes de turno».

El enfado de los vecinos era mayúsculo por «todo lo que nos han robado en beneficio propio». «Así se explican muchas cosas, entre ellas la deuda municipal de cien millones. Como han dejado el Ayuntamiento sin un duro nos fríen a impuestos. Hace dos años nos pusieron la tasa de basura por la que pagamos 90 euros, más que ningún municipio y también parquímetros por todo el centro y por zonas en las que no hay ni comercios . Han subido el IBI lo que han querido, y, para colmo, además de privatizar todo lo privatizable, han cerrado el comedor Vicente Ferrer, financiado con Fondos Europeos para la gente necesitada del pueblo que pasa hambre, no como ellos», aseguraba María José, Emilia, Matías... Como ejemplos de derroches y de mala gestión los valdemoreños aludían al nuevo parque de bomberos, que lleva acabado y cerrado tres años, deteriorándose, o el «negocio de los dos aparcamientos que cerró el Ayuntamiento porque no eran rentables y ahora tenemos que pagar todos los vecinos», aseveraban Paco y Manuel.