En el segundo año de sequía que sufre buena parte del territorio español, especialmente el arco mediterráneo, el Consejo Nacional del Agua se ha reunido para modificar el texto refundido de la Ley de Aguas y otros cinco proyectos de Real Decreto con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos existentes. Los integrantes del Consejo tratan ahora de favorecer un modelo de transición hacia la gestión de los recursos hídricos por parte de las Comunidades Autónomas, mediante la gestión de las aguas subterráneas y residuales y la mejora en la consideración medioambiental de los ecosistemas de los ríos.

Un tercio de las explotaciones agrícolas en España se abastecen de aguas subterráneas, lo que está originando tensiones territoriales y sociales entre Comunidades donantes y receptoras de agua. Problemas que, además, pueden verse agravados por la aprobación de Estatutos de Autonomía que reclaman la competencia sobre sus ríos y recursos hídricos y por el lento ritmo de ejecución de las obras vinculadas al Plan Hidrológico Nacional; de hecho, el propio director general del Agua, Jaime Palop, ha reconocido ya que el Plan «no se podrá terminar en el plazo previsto». Los cambios en la Ley de Aguas que ha presentado el Gobierno en el Consejo Nacional del Agua pretenden asegurar un uso sostenible de los acuíferos y para ello se podrán en el futuro quitar o limitar concesiones y expropiar o comprar derechos.

Dos años después de haber paralizado el Plan Hidrológico previsto por el anterior Ejecutivo y de reconocer que las alternativas que entonces se prometieron no están disponibles, ni tienen visos de estarlo a corto plazo, armonizar una cogestión de un bien que condiciona tanto el desarrollo territorial como es el caso del agua, y para el que no para de crecer la demanda frente a una oferta rígida e insuficiente, no va a ser ahora nada fácil.