Los sectores políticos y sociales contrarios a que la ilegalizada Batasuna participe en la vida pública a través de sus reuniones con distintos partidos vascos están promoviendo una batalla judicial contra esos encuentros, que se verá intensificada tras el cara a cara que mantuvieron el pasado jueves en San Sebastián Arnaldo Otegi y el secretario general del PSE, Patxi López. El PP vasco tiene intención de presentar hoy mismo una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) contra los que considera promotores de la cita -el propio López y su compañero Rodolfo Ares-, mientras que el Foro Ermua repetirá lo ya hecho con el lehendakari Ibarretxe e interpondrá, también esta semana, otra querella ante el mismo órgano judicial contra el líder de los socialistas en Euskadi, según ha confirmado el colectivo.

Los populares endurecen así su oposición frontal a la estrategia del PSE con el gesto muy inusual de intentar llevarlo ante la Justicia por su supuesta «cesión» ante los violentos y su entorno.

Las dos iniciativas engrosarán las actuaciones emprendidas en las últimas semanas contra aquellos que se han reunido con la formación 'abertzale'. El primero en recurrir a los tribunales fue el Foro Ermua, cuya protesta por el encuentro que celebraron el pasado 19 de abril Ibarretxe y tres dirigentes de Batasuna ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior vasco. Posteriormente, la organización España y Libertad instó a la Fiscalía del TSJPV a que adopte medidas contra el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, por sus reiteradas conversaciones con el grupo ilegal.

Tanto en el caso del lehendakari como en el de Imaz, la acusación es similar: haber incurrido en desobediencia y actuar como «cooperador necesario» para que Batasuna pueda infringir la Ley de Partidos. La amenaza judicial no hizo mella ni en los nacionalistas ni en el PSE, que mantuvieron inalterable su voluntad de despachar con Batasuna.

Ante el Supremo

La nómina de querellados comenzó a aumentar a las pocas horas de que Patxi López se entrevistara con Otegi. El colectivo funcionarial Manos Limpias, impulsor en su día de la causa que sentó en el banquillo de los acusados a Juan María Atutxa, formalizó el jueves ante el Supremo una querella no sólo contra López y Ares, sino también contra el presidente Zapatero y el dirigente del PSOE José Blanco. A esa iniciativa se añadirán esta semana las del Foro Ermua y el PP vasco.

Los populares, cuya dirección en Madrid analizará también hoy la reunión PSE-Batasuna, se decantan por la vía menos compleja jurídicamente de la denuncia que, dado que debe ser personal, estará firmada por Carmelo Barrio, según adelantaron fuentes del partido. Tanto la formación conservadora como el resto de querellantes han optado por seguir adelante a pesar del aval concedido al encuentro por el juez Baltasar Garzón, que no halló motivos para prohibirlo. Quienes le pidieron que lo hiciera -el grupo Dignidad y Justicia- ya han anticipado, en cualquier caso, que recurrirán.

El lehendakari se ha acogido ya a ese auto de Garzón en su defensa y lo ha remitido al Tribunal Superior, lo que dilatará la resolución del recurso de súplica presentado por el Ejecutivo vasco contra la admisión de la querella del Foro Ermua. Según medios judiciales, como pronto, se aplazará a finales de este mes y es posible que acabe retrasándose a septiembre.