El juez que instruye el caso Malaya, Miguel Ángel Torres, puede contar desde la madrugada de ayer con nuevos elementos en su investigación. Los que haya aportado en su segunda declaración el director comercial de la promotora Aifos, Francisco García Lebrón, quien solicitó volver a comparecer ante el juez tras conocer que se había decretado contra él una orden de prisión incondicional como imputado en un caso de cohecho. Pasaba ya la medianoche del sábado cuando García Lebrón se encontraba en los calabozos de los juzgados de Marbella a la espera de ser trasladado a la prisión de Alhaurín de la Torre. Su comparecencia había sido la primera de las producidas durante la jornada, en la que los últimos cuatro detenidos en la segunda fase de la operación Malaya habían sido llevados ante el juez. Los empresarios Gonzalo Fernández, Tomás Olivo y José Ávila Rojas ya habían recuperado la libertad, el primero con la única condición de presentarse en el juzgado cada 15 días y los otros dos tras depositar sendas fianzas en efectivo de medio millón de euros. García Lebrón había prestado declaración sobre las doce y media del mediodía, y doce horas después seguía esperando en los calabozos situados en el sótano de las dependencias judiciales. El juez había firmado un auto por el que se ordenaba su ingreso en prisión imputado por un presunto delito de cohecho.

Traslado frustrado

La jornada había terminado y el traslado parecía inminente. Los policías encargados de la operación llegaron a colocar un vehículo junto a la puerta por la que son sacados los detenidos. Pero García Lebrón no salió. Por el contrario, la llegada de funcionarios con bolsas de comida rápida hicieron saber que la noche se alargaría. El abogado del directivo, contratado por la promotora, ya había abandonado los juzgados, pero fue citado nuevamente. Al poco tiempo de llegar volvió a abandonar las dependencias. También la secretaria judicial, que ya se había marchado, tuvo que regresar. Lo hizo con una caja de comida rápida en la mano. Sobre la una y media de la madrugada hubo un sobresalto. García Lebrón se indispuso cuando ya se encontraba en las oficinas del juez y tuvo que ser atendido por sanitarios del 061. El detenido, según fuentes judiciales, sufrió una crisis de ansiedad. Casi una hora después se presentó una abogada de oficio. El imputado había decidido hacer una segunda declaración, pero esta vez sin la asistencia del letrado de su empresa. La segunda comparecencia fue larga. Cuando concluyó, el juez Torres decidió reformar el auto de encarcelamiento incondicional. Tras escuchar la nueva petición del fiscal y a la vista de los nuevos datos aportados por García Lebrón, decidió mantener la orden de prisión provisional, pero eludible bajo una fianza de 30.000 euros.

Se marchó en un taxi

A diferencia de lo sucedido con el resto de los detenidos en la operación Malaya a quienes se ha impuesto una fianza, el auto concede a García Lebrón un plazo de 48 horas para hacer efectivo el pago. Le impone también la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días y de comunicar sus eventuales cambios de domicilio. El detenido abandonó los juzgados sobre las seis y media de la mañana y se alejó en un taxi. Entre hoy y mañana deberá abonar la fianza, pero no pisará la cárcel. La del director comercial de Aifos fue la última comparecencia ante el juez de los detenidos en la segunda fase de la operación. De las 32 personas sobre quienes se dictaron órdenes de detención faltan todavía por comparecer el empresario granadino Carlos Sánchez y el ex concejal del Partido Andalucista Carlos Fernández. Pese a que el ex edil aún no se ha presentado, fuentes policiales aseguraron ayer que no existe todavía orden de busca y captura dictada en su contra. El abogado del ex concejal aseguró el pasado viernes que Fernández se encuentra en su casa de Marbella, aunque este periódico ha podido comprobar que no es así.

El domicilio de Carlos Fernández fue objeto de un registro policial el pasado martes, día en que se desarrolló la operación. En ese registro se requisó un ordenador de su propiedad. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha asegurado que «el juez ha dado las instrucciones de que comparezca».