Fianzas de entre 30.000 y 500.000 euros para eludir la cárcel. Algunos de los constructores y promotores detenidos en la segunda fase de la operación Malaya -que investiga la corrupción inmobiliaria en Marbella y en la que han sido detenidas 30 personas-, que declararon ante el juez tuvieron que depositar ayer grandes sumas de dinero para evitar su ingreso en prisión. Al cierre de esta edición el magistrado que instruye el caso, Miguel Ángel Torres, había dejado en libertad bajo fianza a tres de ellos y en libertad con cargos aunque sin fianza a cuatro arrestados más. Aún estaban compareciendo ante el magistrado el conocido promotor y empresario cordobés Rafael Gómez y Fidel San Román, empresario de la plaza de toros madrileña de Las Ventas relacionado también con el sector inmobiliario.

Tras cerrar el capítulo de concejales arrestados, el juez abrió el jueves por la noche el turno de los 13 constructores y promotores detenidos. El empresario Emilio Rodríguez, propietario de Construcciones Salamanca, fue el primero de los en comparecer ante el juez. De madrugada, a las cuatro de la mañana, depositaba en metálico una fianza de 300.000 euros, la mayor impuesta hasta el momento en la operación contra la corrupción urbanística en Marbella.

Los dos primeros

Rodríguez, acusado por el juez de presunto cohecho, es propietario de conocidas urbanizaciones de lujo de Marbella y de la plaza de toros de Puerto Banús, entre otras actividades. Abandonó los juzgados de madrugada y ocultándose tras un maletín. Sin hacer declaraciones. Poco antes, el promotor Carmelo Armenta también era puesto en libertad sin fianza y con cargos de falsedad documental, informaron fuentes judiciales.

Fueron los primeros de la lista de constructores y promotores detenidos en la segunda fase del caso Malaya, que investiga una presunta trama de pagos a concejales para sacar adelante proyectos urbanísticos en Marbella, en declarar ante el magistrado Miguen Ángel Torres.

Las comparecencias siguieron ayer a mediodía con el interrogatorio de Enrique Ventero, fundador y preside el Grupo Ventero Muñoz S.A. (Vemusa). A primera hora de la tarde quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros acusado de un presunto delito de cohecho. Por su parte, Cristóbal Peñarroya, conocido promotor malagueño e impulsor de proyectos de gran envergadura en el mercado inmobiliario, como el complejo Holiday World, abandonó también los juzgados a las siete y cuarto de la tarde tras abonar una fianza de 30.000 euros para eludir la prisión. El juez le imputa un presunto delito de cohecho. El empresario defendió su inocencia al ser interrogado por una anotación en la documentación incautada a Roca que aludiría a un supuesto pago a terceros.

En libertad quedaron también los hermanos Manuel Ignacio e Ignacio González Sánchez-Dalp, propietarios de importantes ganaderías y apoderado del torero Fran Rivera el primero. Vinculados además al sector inmobiliario, el juez les acusa de sendos delitos de blanqueo de capitales. Es la segunda vez que se ven salpicados por la trama marbellí. Una de sus ganaderías ya fue intervenida en la primera fase de la operación Malaya, al pertenecer a una sociedad presuntamente vinculada a Roca, presunto cerebro de la red de corrupción.

En los calabozos

A la espera de que anoche terminaran las declaraciones del promotor y empresario cordobés Rafael Gómez, propietario del parque de atracciones Tívoli y del hospital Xanit de Benalmádena, y de Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas, hoy está previsto que el juez cierre la toma de declaraciones a los cuatro detenidos que aún permanecen en los calabozos de la Policía, entre ellos el empresario murciano Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada y el promotor granadino José Ávila Rojas.

Sobre la orden de detención que pesa contra el ex teniente de alcalde y edil del PA, Carlos Fernández, no hubo novedades. Mientras que su abogado aseguró ayer que el que fuera socio de gobierno de Marisol Yagüe e Isabel García Marcos -ambas en prisión-, estaba en su domicilio de Cabopino a la espera de ser citado por el magistrado, este periódico pudo comprobar que Fernández aún no había regresado de su viaje a Galicia.