Cuarenta inmigrantes rumanos eran sistemáticamente explotados en una finca situada a diez minutos escasos del centro de Jerez. Por desgracia, no se trata de una anécdota puntual, ni de un episodio triste pero aislado. Las mafias organizadas de traficantes de personas, uno de los grandes negocios sucios de la actualidad, encuentran a veces el encaje perfecto en la falta de escrúpulos de empresarios que abaratan los costes de producción a costa de la necesidad perentoria de los inmigrantes. El círculo se cierra así gracias a la precaridad de unos y a la ambición de otros. Para enfrentar esta compleja problemática es necesario que las administraciones se impliquen activamente en combatirla en todos sus frentes: el arbitraje de mecanismos que garanticen cauces para canalizar la inmigración de manera legal; el control exhaustivo de las organizaciones que trafican con trabajadores y las condenas ejemplares a todos aquellos que, obviando cualquier clase de ética, pretenden sacar provecho de la penuria ajena.