El operativo de prevención y extinción de incendios forestales se amplía de tres a cuatro meses, incluye la creación de una «malla de fiscalías especializadas» en la materia y el endurecimiento de penas para los pirómanos, además de reforzar las políticas preventivas con la reforma de la Ley de Montes, que pretende impedir el cambio de usos de los terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales. Éstos son algunos de los asuntos más destacados debatidos durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se ha desarrollado en Tenerife y que presidida por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha contado con la presencia de los responsables autonómicos.

Además de las estrategias coordinadas contra los incendios, en la reunión se abordaron también la panoplia de leyes y reglamentos que prepara el Gobierno para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica y acústica. Asimismo, se analizaron otra serie de propuestas dirigidas a la reutilización y aprovechamiento de las aguas residuales. En materia de lucha contra los incendios, Narbona insistió en la necesidad de no cejar en este objetivo, máxime cuando se han evidenciado resultados positivos.

Así lo demuestra el que desde inicios de año hasta finales del pasado mes de abril se han registrado 1.889 conatos y 1.420 incendios, frente a los 6.053 conatos y 4.294 incendios que se contabilizaron en el mismo período de 2005.

Agregó la ministra que también se ha registrado también una reducción significativa en el número de hectáreas quemadas, al pasar de 37.300 en el primer cuatrimestre de 2005 a 15.645 en la misma etapa de este año.

Incendiarios

Narbona aludió a la normativa contra los pirómanos y señaló que menos del 10 por ciento de los autores de incendios forestales son imputados y se cuentan «con los dedos de una mano» los que van a la cárcel. Acto seguido, anunció la creación de «una malla» de fiscalías especializadas en este tipo de delitos en todo el país que estará coordinada por el fiscal contra los delitos de medio ambiente y urbanismo, Antonio Vercher, que buscará aplicar criterios homogéneos con el objetivo de aumentar «el castigo» en este ámbito y desincentivar determinadas prácticas.

Para la ministra, en este ámbito ha habido «una falta de impulso» hasta que finalmente se ha creado esta Fiscalía, que era «una antigua reivindicación» de los órganos judiciales y de las organizaciones sociales. Confirmó que se trabajará en coordinación con las comunidades autónomas y el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil y los cuerpos policiales.

Otra la de las iniciativas aprobadas es la reforma de la ley de Montes, por la que se prohibirá el cambio de uso de los terrenos que han sido objeto de incendios forestales durante al menos 30 años. Los convocados debatieron asimismo sobre las normativas que prepara el Ejecutivo central para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica y acústica, así como las destinadas a la reutilización de las aguas residuales. Además, se aprobó la remisión al Consejo de Ministros, para su posterior tramitación parlamentaria, de una nueva ley de protección atmosférica que sustituye a la vigente desde 1972.

El reglamento sobre el ruido analizado en la reunión pretende asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal e incluirá mapas estratégicos en este ámbito para evaluar la exposición al ruido en una determinada zona.