El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha lanzado todo tipo de mensajes a Batasuna para que dé pasos con el fin de lograr la legalización, pero sus llamamientos han sido desoídos. Propuso que cambiara de nombre y presentara nuevos estatutos en el Ministerio del Interior, reclamó que hiciera una «condena expresa» de la violencia y condicionó la apertura de un diálogo político a que volviera a la legalidad. Todas las tratativas fueron desdeñadas por los dirigentes del partido ilegal. Esta obstinación se ha convertido, en opinión del Ejecutivo, en uno de los mayores obstáculos para avanzar en el proceso de paz.

«No nos hace especial ilusión», comentó ayer Arnaldo Otegi cuando fue preguntado sobre la legalización de Batasuna. El dirigente apuntó en una entrevista que para ellos no es un problema estar al margen de la ley para participar en las conversaciones políticas porque se sienten «legalizados de facto». Una visión muy distinta a la que tienen en Moncloa, donde sostienen que es requisito imprescindible la vuelta a la legalidad para sentarse a dialogar con Batasuna.

El Ejecutivo central considera que el tiempo juega a su favor, ya que el partido ilegal tiene en su horizonte participar en las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007 -los ayuntamientos son su campo de acción preferido- y para hacerlo necesita ser una formación legal. Por esta razón, en el Gabinete de Zapatero están persuadidos de que este verano, o poco después, Batasuna dará pasos para normalizar su actividad pública.

Posibilidades

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sugirió hace meses que se registren con otro nombre y nuevos estatutos. Fuentes socialistas apuntaron que si se mantiene la inactividad de ETA no sería necesaria, incluso, la condena de la violencia por parte de esa nueva formación porque carecería de sentido rechazar algo que no existe. Los dirigentes del partido ilegal se niegan a dar ese paso porque ante sus bases sería «una cesión» ante el Gobierno que no están dispuestos a asumir.

El cambio de nombre, además, no resolvería gran cosa por los numerosos procesos abiertos a sus dirigentes en la Audiencia Nacional. ¿Qué se ganaría con cambiar de razón social si sus miembros son condenados por su actividad pasada en Batasuna?, reflexionó en voz alta un alto cargo del PSOE.

Condenar la violencia

Igual ocurre con la condena a la violencia, exigida con renovada intensidad en las últimas semanas por el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo. Batasuna adquirió hace dos años un compromiso en un acto público en la localidad guipuzcoana de Oyarzun para no condenar «nunca» la violencia porque fue un instrumento «legítimo» en su momento. Otegi suele decir que es como «condenar el hambre en el mundo»; un gesto, sí, pero no arregla el problema.

La formación proscrita tiene su fórmula para deshacer el entuerto: que el Gobierno derogue la ley de partidos que posibilitó la ilegalización en 2003. Una salida que José Luis Rodríguez Zapatero ha descartado. El Gobierno también podría, según Batasuna, instar a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado a que se personen ante la Sala Especial del Tribunal Supremo para solicitar la legalización, ya que ésta fue la instancia judicial que acordó la marginación legal. Una alternativa que el Gobierno tampoco contempla ante la ausencia de gestos por parte del partido ilegal que justifiquen una iniciativa de ese tipo que, por otra parte, agrandaría la sima que mantiene con el Partido Popular.

Prórroga

Pero incluso si el Gobierno diera ese paso, tampoco se podría resolver gran cosa. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió el pasado 17 de enero prorrogar durante dos años la suspensión de todo tipo de actividades de Batasuna, con lo que la espada de Damocles se mantendría sobre el partido en cuanto organizara cualquier acto de tipo político o hiciera declaraciones públicas.

Ante esta situación, sólo cabría esperar hasta enero de 2008 para que venciera la suspensión sin posibilidad de prorrogarla porque para entonces estará agotado el plazo máximo de cinco años desde que la dictó en un primer momento el magistrado Baltasar Garzón. El problema, y no el único, es que para esa fecha ya se habrían celebrado las elecciones municipales y además obligaría a la formación a tener una actividad vigilada.

Análisis profundo

Todas estas alternativas serán puestas encima de la mesa en la reunión que celebrarán a no muy largo plazo dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y de Batasuna. Ante esta reunión, José Luis Rodríguez Zapatero garantizó que ése será el único punto en el orden del día del encuentro, y hay razones para pensar que puede ser de esta manera sin duda porque el Gobierno central y los socialistas vascos se ven maniatados para dar nuevos pasos en este frente si se mantiene la ilegalización y las repercusiones en el proceso de paz son evidentes.