El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, advirtió ayer que el proceso abierto en el País Vasco atraviesa «un momento de extrema gravedad», en el que existe una pugna entre la izquierda abertzale y «quienes quieren sabotear, destruir y abortar las posibilidades de resolución del conflicto». Otegi hizo estas declaraciones en una rueda de prensa junto con los otros siete imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, quien les ha citado a declarar los días 30 y 31 de mayo en relación con la constitución de la nueva mesa nacional de la formación ilegalizada.

El magistrado interrogará a los ocho dirigentes como imputados en un delito de pertenencia a banda armada. El fiscal pidió al juez las comparecencias al considerar que estos ocho imputados en la causa han incurrido en una reiteración delictiva al burlar el auto judicial que, el pasado 17 de enero, decretó la suspensión total de actividades de Batasuna durante dos años. «Si no acaban las agresiones serán mucho más difíciles las cosas, irán por mal camino y costará mucho más volver a poner el proceso en marcha», destacó el portavoz de Batasuna, quien cree que es «tarea y responsabilidad» del Gobierno «impedir que estas cosas sucedan».

Señaló, no obstante, que sigue existiendo una «posibilidad real de resolución del conflicto», por lo que exigió que «cesen de una vez por todas las acciones contra la izquierda abertzale».

El portavoz de Batasuna consideró que esto no es una «pugna jurídica» entre la Audiencia Nacional y Batasuna, cuyo «único delito», según recalcó, «es haber hecho un acto tan subversivo como convocar una rueda de prensa». «Esto es una pugna entre quienes estamos trabajando con responsabilidad por construir una solución democrática y quienes la quieren sabotear, destruir y abortar», aseguró.

Otegi alertó que por ese camino «sólo se construye crispación y confrontación» y subrayó que Batasuna no permitirá «más discursitos sobre el Estado de Derecho porque eso no es lo que está en juego».