La judicialización de la vida política está alcanzando en los últimos tiempos cotas que hasta ahora parecían impensables. Desde supuestas corruptelas a la simple falta de información a la oposición o el insulto y la calumnia están siendo objeto permanente de denuncia ante la Justicia, sentando en el banquillo de los acusados, subiendo al estrado en calidad de testigos e incluso vistiendo con toga a muchos políticos.

Esta tendencia guarda relación directa con el papel que se asigna a los partidos desde el Gobierno o la oposición, lo que otorga al PP el papel de mayor denunciante, mientras el PSOE procura inhibirse de acudir a la justicia, aplicando también el principio de que ésta resulta «costosa» y es «lenta». Una lentitud que en muchos casos se debe a que las sentencias nunca son del agrado de las partes afectadas, que elevan recursos a instancias judiciales superiores hasta la obtención de una sentencia firme, alargándose así los procesos en el tiempo.

Sanlúcar y Ramel

Los juicios más politizados de estos días han sido los vinculados a un único municipio de la Costa Noroeste y fruto de la denuncia de un mismo partido, el PP. De un lado, el intento de soborno en 1999 a un concejal del PP por parte de un ex dirigente del PSOE y los dos ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona para frenar una moción de censura, conocido como caso Sanlúcar. Y de otro, la supuesta detención ilegal del alcalde popular y su equipo de Gobierno de este mismo municipio por parte de los concejales de la oposición en 2001 motivada por una huelga de limpieza, conocido como caso Ramel.

En ambos, el desfile de dirigentes de PP, PSOE, IU y PA ha sido la tónica dominante, desde sus máximos representantes como ex secretarios generales y presidentes a concejales. Con nombres tan destacados como los populares Antonio Sanz -presidente del PP de Cádiz y portavoz en el Parlamento andaluz- y María José García-Pelayo -ex alcaldesa y candidata a la Alcaldía de Jerez-, el andalucista Antonio Prats -candidato a la alcaldía de Sanlúcar y ex delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía- o los socialistas Francisco Vázquez Cañas -ex secretario provincial- y Juan García -diputado provincial y alcalde de San José del Valle-. A estos nombres, se sumó el del concejal de Cádiz y coordinador provincial del PP, José Loaiza, que ejerció como abogado.

Dos casos que en su resolución también han coincidido casi en el tiempo, separados tan sólo por una semana. En el caso Sanlúcar, el jurado popular -falta la sentencia del juez- acabó considerando culpables a los socialistas y absolviendo al popular, mientras en el Ramel tan sólo se vio afectado el concejal andalucista Antonio Prats, condenado a un año de inhabilitación para el cargo de edil por atentado a agentes de la autoridad, ya que no se consideró que se secuestrara al equipo de Gobierno del PP. En este último caso, tanto una parte como otra ya han recurrido.

En Medina, el enfrentamiento entre PP y PSOE se concretó en una querella por cohecho y prevaricación presentada por el concejal popular, Sebastián Sánchez, contra el alcalde socialista, Francisco Carrera, a quien acusó de paralizar una obra en su vivienda que contaba con licencia municipal, mientras desde el Ayuntamiento se entendieron como ilegales. El resultado fue a favor del edil del PP, indemnizado con 3.000 euros por el Consistorio, y reforzando la tesis defendida por este partido de «persecución política».

El Campo de Gibraltar

Uno de los puntos más calientes del cruce de denuncias y querellas es el Campo de Gibraltar. Los ayuntamientos de Jimena y La Línea, gobernados por PSOE y PP, por Ildefonso Gómez y Juan Carlos Juárez, respectivamente, andan enfrascados en una batalla judicial que tienen su punto de arranque en las operaciones Ballena Blanca y Malaya contra el blanqueo de capitales destapadas en la vecina Costa del Sol. Desde el PP se acusó al regidor jimenato de haber suscrito convenios urbanísticos con dos imputados en la operación Ballena Blanca y con el asesor marbellí Juan Antonio Roca, convenio este último anulado en un pleno de urgencia, y del que dicen ha percibido dinero. La respuesta de Gómez fue la presentación ante la fiscalía de una caja con multas cobradas pero no ingresadas en las arcas municipales linenses y artículos de opinión en contra del Gobierno popular de La Línea, que acabaron en una denuncia por injurias y calumnias por parte Juárez.

A todos estos casos, se sumó el que cerró la pasada semana. El PP denunciaba al alcalde de Tarifa, el socialista Miguel Manella, y a su equipo de Gobierno por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, contra el patrimonio histórico, la ordenación del territorio y los recursos naturales. Según los populares, la coalición PSOE-IU incurrió en un «cúmulo de irregularidades» al adjudicar «a dedo» a una empresa no registrada en el Registro Mercantil la reforma del Castillo de Santa Catalina, protegido por su valor histórico y monumental, para su posterior uso comercial y hostelero, algo incompatible con el Plan de Ordenación Urbanística vigente

Pero a estos casos de mayor calado se suma la simple negativa a informar a la oposición. El portavoz del PSOE de Barbate, Tomás Sánchez Pacheco, lleva meses anunciando una denuncia para que el equipo de Gobierno del PP le aclare el destino del dinero procedente de ciertos convenios urbanísticos. Uno de los alcaldes que posiblemente más visitas acumula en los juzgados es el de El Puerto. El regidor y líder de Independientes Portuenses, Hernán Díaz, ya tiene en su haber una condena, no firme y recurrida, de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al asignar a dedo y por urgencia el cargo de subinspector de la Policía Local. A esta causa se le suman otras pendientes, como su presunta permisividad con la construcción de viviendas ilegales en Pinar de Coig o la contaminación acústica de la Motorada, la demolición de un edificio protegido por su valor histórico, la Casa de las Cadenas, e irregularidades administrativas en la construcción del complejo Golf El Puerto.