Lo que está ocurriendo en la política catalana, convendrá usted conmigo, es pura y simplemente surrealista. Un Gobierno que no puede afrontar unido un referéndum sobre el que es el único logro importante de ese Gobierno, tal y como lo dice el presidente del mismo, Pasqual Maragall, no puede seguir siendo gobierno. Claro que ese mismo presidente de la Generalitat, que defenderá activamente el 'sí' al Estatut en la campaña para ese referéndum del 18 de junio, fue el primero en decir que el texto devuelto por las Cortes, y que ahora se somete a consulta popular, era "insuficiente". O sea, decía lo mismo que ahora dicen sus socios de Esquerra Republicana, que en la campaña abogarán por el 'no' al Estatut. Lo mismo, por tanto, que dirá, desde las antípodas, el Partido Popular, aunque ya sabemos que por distintos motivos.

¿Es razonable, por no decir ético, que un Gobierno se mantenga cuando afronta desunido una campaña sobre la realización más destacada en sus dos años y medio de Legislatura? Claro que no. Convengamos que el referéndum ha de llevarse a cabo (des)organizado por este Govern tripartito, porque ya no hay tiempo para otra cosa. Pero el tinglado no puede seguir ni un día más allá del 18 de junio. Por mucho que le pese, Maragall tendrá que disolver el Parlament y convocar elecciones inmediatamente después de esa fecha. Eso sería lo lógico. Pero la verdad es que la lógica, bajo la égida maragalliana, ha sido el bien más escaso desde que, en noviembre de 2003, se formase, contra natura y contra la voluntad de las urnas, el malhadado Govern de PSC-ERC e Iniciativa.

Todo ha sido un caos desde entonces. Desde las acusaciones de ida y vuelta sobre los porcentajes del tres por ciento ilegalmente cobrados a los constructores por el anterior gobierno de Convergencia i Unió, o las remodelaciones de consellers fallidas o consumadas, hasta la gestión de la crisis del Carmel -acalladas las protestas de los afectados a base de talonario de dinero público-, pasando, por supuesto, por la gestación, desarrollo y conclusión del nuevo Estatut de autonomía; un texto peculiar al que sería difícil llamar inconstitucional, pero aún más difícil sería llamarle técnicamente correcto desde un punto de vista legal.

¿Y después? Lo dicho: después, lo natural sería convocar elecciones autonómicas cuanto antes. Dicen que es lo que pactaron Zapatero y el hoy líder de la oposición catalana, Artur Mas, en su célebre encuentro secreto en La Moncloa. También aseguran que acordaron que Maragall no seguirá siendo el candidato socialista, pero Maragall parece desconocer este hecho, y pretende seguir en la brecha. Lo que Zapatero y Mas quieren es un gobierno de coalición presidido por el convergente, y dejando en la oposición. Y aseguran que, ya que no lo hace en cuestiones de su Departamento ministerial, en ello trabaja ya, moviéndose más o menos en la sombra, el ministro de Industria y secretario general de los socialistas catalanes, José Montilla. Hoy se reúnen los dirigentes del PSC, para debatir qué hacer ahora. ¿Cómo deshacerse de Maragall? ¿Prometiéndole cargos y honores institucionales, colocado en una hornacina? ¿Cómo acabar cuanto antes con este Govern, que empieza a resultar un auténtico bochorno? Difícil papeleta. Casi tan difícil como devolver a los catalanes la credibilidad en su clase política, empeñada, ya se ve, en un ejercicio de surrealismo permanente.