El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, ha presentado un estremecedor y convincente informe que demuestra a las claras que la Administración pública catalana, y en concreto la Conserjería de Bienestar y Familia de la Generalitat, tiene una responsabilidad objetiva en los malos tratos y en el infortunio padecidos por la niña Alba, que fue hospitalizada el pasado 4 de marzo tras sufrir una paliza de su padrastro, y que había sido objeto de una cadena inexplicable de dejaciones y abandonos pese a que existían indicios anteriores de toda clase de abusos. Aunque en esta ocasión es notorio que aquella institución se ha ganado el sueldo, la respuesta política del establishment catalán ha sido lamentable.