Cuando hace un año se abrió la ventanilla para la normalización de extranjeros en España, el ministro de Trabajo y Seguridad Social presentó aquel proceso en un sorprendente tono triunfalista, augurando la práctica desaparición de los inmigrantes ilegales. La realidad demuestra que aunque la aplicación del Reglamento de Extranjería ha arrojado unos resultados de bondad indiscutible -más modestos que los prometidos por el ministro Jesús Caldera- la bolsa de irregulares en nuestro país sigue creciendo, manteniéndose situaciones críticas como la que padece la isla de Tenerife, donde este fin de semana llegaron 451 africanos en media docena de embarcaciones.

Pese a las casi 600.000 nuevas altas de trabajadores inmigrantes en la Seguridad Social, era evidente que la medida, sin encerrar la perversidad que le achaca el PP, no podía resolver el problema de fondo de los sin papeles que entran en España por tierra, mar y aire. Y así lo reconocía implícitamente la secretaria de Estado de Inmigración, cuando ayer manifestaba que el objetivo del proceso de regularización era vincular los inmigrantes al mercado laboral, asestando un golpe a la economía sumergida.

Es de justicia reconocer a este Gobierno la valentía de haber normalizado la inmigración en términos económicos, con una considerable aportación a las arcas públicas. De hecho, no es que sigamos padeciendo los mismos problemas sino que estos se han agudizado considerablemente. La operatividad de los planes anuales de contingentes es aún muy escasa y la falta de ayuda material y diplomática de una UE sin estrategia común de inmigración, cuando somos la principal puerta de acceso desde el continente africano a territorio comunitario, sencillamente clamorosa. Cuestiones a las que hay que sumar, además, la falta de control público sobre los regularizados que se quedan sin empleo o de las «masivas» inspecciones de trabajo que anunció el Ministerio.

Y pese a todo esto, cuando Gobierno y oposición deberían estar acordando políticas de integración que paliasen en lo posible conflictos como los de Ceuta y Melilla o la insoportable presión que sufre Canarias, aún nos encontramos con enconadas disputas por los procedimientos administrativos de entradas y permisos. No es esta la mejor manera de afrontar un problema del que ya tenemos unas referencias muy claras de los derroteros que puede tomar.