La Unión Europea pidió ayer al Gobierno boliviano que se comprometa a un «diálogo efectivo» con las petroleras multinacionales afectadas por el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos, con el objetivo de «mantener la confianza de los inversores» extranjeros en el país. Bruselas expresó además su «preocupación» por el hecho de que se utilice a las fuerzas armadas para ocupar los yacimientos de hidrocarburos.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, y el ministro austriaco de Energía, Martin Bartenstein, en representación de la presidencia de la UE, «han tomado nota cuidadosa del sorprendente anuncio del Gobierno boliviano sobre su industria del gas», según un comunicado. Ambos responsables «confían en que Bolivia, con el objetivo de desarrollar su industria energética, procederá de modo que mantenga la confianza de los inversores, de cara a asegurar una colaboración con las compañías afectadas a través de una diálogo activo y efectivo».

Invertir el reparto

El lunes el presidente boliviano Evo Morales anunció que, tras la nacionalización de los hidrocarburos, se abre un plazo de 180 días a las petroleras multinacionales que operan en el país para renegociar contratos o irse de Bolivia. La intención del Gobierno boliviano es que se invierta el reparto de las ganancias obtenidas por la explotación de los hidrocarburos, que según Morales se ha dividido hasta ahora en un 18% para Bolivia y un 82% para las empresas. La medida de Morales afecta a 26 compañías extranjeras, entre ellas Repsol-YPF, Total, Exxon, British Gas o Petrobras.

A una semana de la IV Cumbre UE-América Latina de Viena, la decisión boliviana amenaza con convertirse en serio motivo de disputas, como advirtió el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana.