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Miércoles, 26 de abril de 2006
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Reestructurar RTVE
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Con la presentación el pasado viernes por parte de la Sepi y la dirección de RTVE del plan de ajuste laboral que afectará a 3.133 trabajadores del Ente, se da un paso decisivo en la reestructuración del sector público audiovisual. Un ajuste necesario e inexcusable, en todo caso, ya que con un tamaño desmesurado, una deuda pública acumulada hasta el año 2005 de 7.551 millones de euros, unas perdidas anuales que se sitúan en torno a los 500 millones, una caída progresiva de la audiencia y, lo que es peor, con una orientación en la programación que no siempre se corresponde al objetivo de servicio público, parece llegada la hora de configurar, de una vez por todas, un nuevo modelo de radio televisión pública similar al de los países más avanzados de nuestro entorno. En esa línea, tanto el proyecto del ley de reforma de RTVE que inicia su tramitación en el Senado, como la negociación de este plan de ajuste que ahora se empieza a discutir con los sindicatos, deberían concluir con la creación de un modelo orientado al servicio público, plural e independiente del Gobierno, suficientemente dotado en cuanto a su financiación y gestionado de forma rigurosa y profesional.

Obviamente, la consecución de todo lo anterior no parece todavía plenamente garantizada, por mucho que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haya avanzado sustancialmente más que otros Gabinetes durante todas las anteriores legislaturas. De hecho, resulta cuando menos sorprendente el que se ponga en marcha un plan de reestructuración de RTVE, sin que ni el Gobierno ni el proyecto de ley en tramitación hayan definido con claridad su dimensión, su financiación o el modelo de servicio público que se pretende. Además, no deja de ser paradójico que algunos de los mismos partidos que impulsan la reestructuración de RTVE, ni siquiera se planteen la reflexión sobre unos servicios autonómicos de radio y televisión pública con los mismos vicios que el estatal, lo cual da una idea de la ardua tarea que todavía queda por hacer para aprobar una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.



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