El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero acaba de hacer público su proyecto de ley de reforma fiscal sobre el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que será enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Es de suponer que la situación de minoría gubernamental produzca bastantes alteraciones en el documento antes de su aprobación, pero sus líneas básicas son las mismas del anteproyecto presentado el pasado mes de enero. La reforma del IRPF consiste básicamente en una reducción de tramos, un pequeño recorte de tipos y una revisión del tratamiento de los fondos de pensiones; mientras que el proyecto del Impuesto de Sociedades contempla la reducción gradual de cinco puntos en los tipos y la eliminación de algunas deducciones, que han variado ligeramente en esta última versión.

La estrategia general del ministro de Economía se centra en una mayor bajada en el Impuesto de Sociedades -que restará 2.500 millones a las arcas públicas- y una más modesta a las familias cifrada en 2.000 millones. El razonamiento económico tras esta estrategia es que baje lo mínimo la recaudación para hacer frente al colosal gasto público que se le viene encima al Gobierno, y que de paso no se recaliente la demanda interna y se agilice en lo posible la competitividad de las empresas. Hasta aquí, la lógica es impecable. El Ejecutivo, además, ha consolidado el tratamiento fiscal del ahorro unificando las diversas tarifas, ha aliviado la carga a familias de tres o más hijos, y ha dado marcha atrás en el rescate de los fondos de pensiones. En palabras de Solbes se trata de «evitar el incremento de la presión fiscal a lo largo del ciclo» y no perder ingresos públicos mientras se da preferencia a las empresas para incrementar la oferta y frenar la demanda. La buena intención macroeconómica del Gobierno queda así patente; pero, aún así, quedan importantes dudas por despejar. La primera es que, si el objetivo es «evitar el recalentamiento de la demanda» -y por tanto la inflación- no se entiende muy bien cómo el incremento sin precedentes del gasto público va a ayudar a aliviar el problema. Sólo si éste fuese mucho más eficiente que el privado podría darse un incremento no inflacionario de la demanda proveniente de los gastos del Gobierno. Pero lo cierto es que los gastos redistributivos, el llamado gasto «social», ejercen tanta o más presión sobre los precios que cuando son las familias quienes gastan el dinero. La segunda incógnita es desvelar el porqué del afán del Gobierno por penalizar al ahorro, cuando éste es en realidad la llave de la acumulación de capital. Es cierto que se permite ahora rescatar los fondos de pensiones de una sola vez, pero la anulación del 40% de bonificación en el momento del rescate convierte a los fondos en meras rentas del trabajo (aunque durante todo el tiempo de maduración hayan sido fondos cautivos no disponibles). La gran pregunta es, pues, por qué hay que elevar tanto el gasto público; y es inevitable que aquí surjan sospechas sobre necesidades, compromisos, promesas y vínculos políticos que el Gobierno no ha dado a conocer suficientemente a los contribuyentes.