Las facturas falsas permitían al adquirente justificar un doble beneficio fiscal en el que computaba una mayor desgravación en el IVA y simulaba unos gastos a desgravar en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que reducía los beneficios declarados, todo ello a un importe muy inferior al que aparecía en la factura fraudulenta. Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que para dificultar la labor de la administración creaban sucesivas empresas pantalla y emisoras de facturas falsas utilizando testaferros insolventes. Los titulares de las empresas defraudadoras están relacionadas con el sector de la piel y abundaban las relaciones personales y familiares entre ellos.