El empresario de la construcción Rafael Avila, investigado pero no procesado en el juicio por el 'Caso Sanlúcar' que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz , negó hoy haber realizado ningún préstamo personal para el presunto soborno al edil del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar.

El procedimiento por el 'Caso Sanlúcar' juzga el supuesto soborno al concejal del PP Manuel Ramírez por 50 millones de las antiguas pesetas en octubre de 1999 a cambio de que se ausentase de un pleno municipal en el que se votaba una moción de censura contra el ex alcalde socialista del municipio Agustín Cuevas, uno de los siete imputados.

En su declaración el pasado viernes, Manuel Ramírez aseguró que en una de las reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, le oyó decir que los que aportarían el dinero para la supuesta compra de su voto por 50 millones de pesetas eran "todos constructores", citando entre ellos a Rafael Avila, algo que éste ha negado hoy rotundamente asegurando que "jamás" tuvo contacto "ni personal ni telefónicamente" con Raposo ni con Cuevas y que nunca le habían pedido un favor personal.

El secretario de política municipal del PSOE en octubre de 1999 y actual alcalde de San José del Valle, Juan García Gutiérrez, también prestó hoy declaración en la Sección Cuarta de la Audiencia, ya que fue uno de los tres miembros de la ejecutiva provincial socialista que acudió a Sanlúcar para conocer la versión de Raposo y de Cuevas, una vez se conocieron públicamente los hechos.

"Ha sido la historia del cazador cazado", una frase con la que García dice que resumió los hechos posteriormente a sus compañeros de la ejecutiva provincial, aunque no especificó quién fue el protagonista de la moraleja: el popular Ramírez o los ex socialistas Raposo y Cuevas.

Durante la próxima jornada pasarán a declarar dos peritos caligráficos y un empresario de alimentación.

Será el próximo miércoles cuando previsiblemente el jurado popular dicte sentencia por este caso en el que hay imputadas siete personas, entre ellos los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.