La significativa manifestación de efectivos de la Guardia Civil del pasado sábado en Madrid, que contó con el arropamiento de las organizaciones sindicales, debería ser interiorizada por el Gobierno como el síntoma de un prolongado y grave malestar en el seno de la Benemérita. Ese malestar ha tenido hasta el momento una sintomatología indirecta manifestada en un alto número de bajas psicológicas, elevado índice de tensiones en los cuarteles, y serios problemas familiares de los agentes hasta ahora camuflados tras la disciplina y el silencio. Pero desde hace años existe el convencimiento general de que la situación legal y sociolaboral de la Guardia Civil debe ser objeto de una actualización.

La Guardia Civil, que es el principal cuerpo de seguridad estatal, necesita salir de su marginalidad con respecto al Cuerpo Nacional de Policía y, sobre todo, a otros cuerpos policiales emergentes de ámbito autonómico. Las disparidades salariales se han disparado hasta resultar insostenibles y hay también graves desequilibrios en lo tocante a las disponibilidades de material. No es razonable mantener agravios comparativos que repercuten en el estímulo profesional y en la productividad de un instituto armado que ha demostrado su gran capacidad de adaptación a los nuevos retos. Igualmente, debería reconsiderarse el despliegue de la Guardia Civil, una fuerza reservada en principio a las zonas rurales, después de los últimos cambios demográficos registrados en este país y que han dado como resultado un desplazamiento de los habitantes del centro de las ciudades a las poblaciones rurales más cercanas. Si la despoblación del campo provocó en su momento la reducción de efectivos de la Guardia Civil, el mencionado retorno no siempre ha ocasionado el movimiento inverso, y, así, zonas muy pobladas del extrarradio de las capitales, controladas por la Guardia Civil, padecen hoy una grave inseguridad por insuficiencia de medios. Se impone una racionalización también de este despliegue, que debería simultanearse con la reconsideración global de una de las instituciones más apreciadas por la sociedad, pero peor tratadas por la Administración.