La sombra de Marbella es alargada. La Operación Malaya ha desatado una serie de denuncias de corrupción hacia ayuntamientos de la provincia que salpican a la costa y al interior, al PP y al PSOE. En Jimena es el alcalde socialista Ildefonso Gómez el que se ha visto en el ojo del huracán por la firma de dos convenios urbanísticos con el principal cerebro del escándalo de la Costa del Sol, el asesor gilista Juan Antonio Roca. El PP se encargó de destaparlos y Gómez de zanjarlos con un moción urgente in voce en un pleno ordinario, aunque los populares no están satisfechos con los argumentos y piden ya a la fiscalía que investigue el municipio. En Sanlúcar, fue el PSOE quien fijó su atención en el centro comercial -uno de los más grandes proyectados en Andalucía- contra el que se ha opuesto desde un principio la Junta y que sin embargo, el Ayuntamiento popular logró desbloquear con una sentencia del TSJA. El motivo de la trifulca: la licencia de obras fue concedida por silencio administrativo. Un silencio curioso, según los socialistas, cuando detrás de la empresa promotora se encuentra el constructor murciano, socio y amigo de Roca, Tomás Olivo. El otro foco de atención fue el consejo de administración de la Empresa Municipal de Autobuses, del que es miembro Julián de Marcos, detenido y en libertad bajo fianza de 12.000 euros, y que recibió a dedo la concesión de la gestión de la estación de autobuses. En este caso, la defensa del PP se sostiene en que De Marcos llegó a esta compañía en 1995, cuando quien gobernaba era el PSOE. Para los populares, los socialistas buscan camuflar el inminente juicio por el intento de compra de un edil del PP para frenar una moción de censura en 1999 contra el ex alcalde Agustín Cuevas, el caso Sanlúcar. Al fondo, persisten las acusaciones socialistas hacia el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, ex-gilista absorbido por el PP. Otros muchos pueblos gaditanos se pueden sumar a la lista de presunciones. La sospecha se extiende y la Junta de Andalucía extrema los controles de las revisiones de los planes de ordenación en curso en la provincia, para preocupación de muchos alcaldes, que veían en los proyectos, campos de golf, urbanizaciones, etc., un maná para sus arcas. Proyectos que, en muchos casos, carecen de una seria reflexión acerca de su consistencia y su viabilidad desde el punto de vista social, económico,etc.

El principal efecto que Malaya debe tener no es poner el ventilador y hacer que vuele la basura y salpique a todos, sino conseguir que, aunque sea por la vida del miedo al escándalo y a la intervención judicial, se produzca una regeneración de la vida pública y de las prácticas administrativas. Cuando el Código Penal actúa es porque ha fracasado el sistema, ya que existe toda una serie de filtros, de controles, que no se llevan a la práctica. Ayuntamientos y Junta de Andalucía deben clarificar sus actuaciones y ser estrictos en el cumplimiento de las normas. Es preciso dotar también de medios a la Justicia para que desentrañe las tramas, en general complejas, que subyacen tras las prácticas de corrupción, con el grupo Greco en primer lugar, y sobre todo hay que activar un debate social, una reflexión colectiva acerca de la necesidad de armarse, como ciudadanos, contra las prácticas especulativas, porque detrás de ellas vienen las mafias, y decretar una tolerancia cero contra esta cultura del pelotazo.