El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, huido de la Justicia desde 2017, ha visto como sus intereses sufren un nuevo revés. Richard de la Tour, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dado la razón al juez español Pablo Llarena y afirma que la autoridad judicial de un país miembro «no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del país emisor».
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