El sueño de saltar el muro de Trump

«A mí ese muro no me detiene. Puede que sea más difícil, pero voy a volver cruzar y a trabajar en EEUU». Así de claro lo tiene Rafael, un mexicano de 18 años que fue deportado hace cinco meses tras vivir dos años ilegalmente en Arizona. Originario del sureño y pobre estado de Tabasco, Rafael vive apelotonado con otras 30 personas en un pequeño y oscuro albergue en Tijuana, pensando cada minuto por dónde flanqueará la verja en esta ocasión: por arriba, por abajo, por el mar o por una parte del desierto que aún no está vallada. «He intentado pasar hasta en cinco ocasiones, pero excepto la primera vez siempre me ha tirado la ‘migra’ (policía de fronteras)», explica.

«Pero me da igual, voy a entrar de nuevo en EE.UU.», afirma convencido.

Como Rafael, son cientos de miles de personas -no hay datos oficiales- las que cada año cruzan ilegalmente los 3.100 kilómetros de frontera entre EE.UU. y México. Vienen de México, de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y últimamente hasta de países africanos. Huyen de la violencia y la delincuencia en sus ciudades de origen. Pero también de la pobreza y de la falta de oportunidades, dos problemas que esperan solucionar trabajando en la primera potencia para enviar dinero a sus familias que dejaron a miles de kilómetros. Y llegan a pagar entre 6.000 y 10.000 dólares por arriesgarse a probar a qué sabe el sueño americano.

«Para mí EE.UU. no significa nada más que un sitio donde trabajar para mandar dinero a mi familia», sentencia Luis Díaz, mexicano que comparte con Rafael un espacio en el albergue de Playas de Tijuana para deportados, desde donde se ve cómo muere el muro fronterizo tras adentrarse unos cuantos metros en el mar. «Por ahí no se puede», dice Luis, «te lleva la corriente, hay sensores de movimiento, cámaras y guardias con cuatrimotos. Muchos se han ahogado», asegura este mexicano que fue expulsado de EE.UU. después de casi 6 meses viviendo en California.

Trump promete deportaciones «a niveles nunca vistos», terminar la construcción del muro, que actualmente recorre un tercio de la línea que divide los dos países; y contratar a más de 15.000 nuevos agentes fronterizos. Pero los ya deportados siguen queriendo, y van a seguir intentando, entrar en EE.UU. «Aquí gano 10 dólares por día en la obra, mientras que puedo ganar desde 70 a 100 con los gringos», afirma Luis, originario de Hidalgo y que va a volver a tratar de entrar a pesar de haber sido deportado ya dos veces.

Los continuos ataques y amenazas de Trump no les paran. En cuanto ahorran algo de dinero trabajando, los ya expulsados vuelven a contratar a un «coyote» para cruzar -una tarifa que supera los 6.000 dólares- o pagan 350 dólares a las mafias para adentrarse ellos solos en el desierto. «Pisas el desierto y ya tienes cuatro pistolas apuntándote. Si no pagas, no pasas» asegura Rafael desde este albergue en Baja California, un estado cuyos centros de acogida para inmigrantes están al límite de su capacidad después de que recibieran a 60.000 deportados en 2016 -un tercio del total- y llegaran más de 3.000 haitianos en busca de asilo.

Sin infraestructuras

«Del norte sopla el viento de los deportados, por el sur llegan los haitianos que quieren quedarse en Tijuana. Es la tormenta perfecta». Así define la situación actual el padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante -una de los mejor organizadas con más de 30 años y 150 camas para acoger a deportados-, quien teme que estemos a las puertas de una crisis humanitaria si el número de deportados aumenta y los haitianos no comienzan a desalojar los albergues. Las remesas son la segunda mayor entrada de divisas para México, después del petróleo. Los mexicanos que viven en EE.UU. enviaron en 2016 casi 27.000 millones de dólares, una cifra récord que fue un 8 por ciento superior a la de 2015. A pesar del gran flujo del dinero que envían al país, no hay una red de albergues en la frontera mexicana con capacidad sólida para responder a una situación de deportaciones masivas, como amenaza el presidente Trump.

La red de albergues está financiada principalmente por donaciones particulares e institucionales y apenas cuentan con recursos estatales. La situación migratoria en la frontera fue tan urgente en mayo del año pasado, que desde entonces el número de casas de acogida en Tijuana pasó de menos de 10 a más de 30.

Pero las condiciones entre unos y otros varía drásticamente. Mientras que en la Casa del Migrante cuentan con camas, duchas, psicólogos y asesores de empleo, en Juventud 2000 la mayoría duerme en tiendas de campaña en el suelo. «Si las condiciones de los albergues no mejoran, estaremos en una situación muy complicada», comenta Araceli Almaraz, académica del Colegio de la Frontera Norte, institución especializada en el estudio socioeconómico de la región.

Y sería una situación «muy complicada» -por no decir de crisis- si Trump lleva a cabo sus planes de sacar del país a los 11 millones de indocumentados que viven en EE.UU., un colectivo que incluye a millones de mexicanos. Pero las camas en los albergues para deportados están siendo ocupadas en su mayoría por refugiados haitianos, quienes comienzan a realizar trabajos diarios -en la obra, jardinería y cocina- que les permiten abandonar las casas de acogida.