Prescriben las órdenes de detención contra el subcomandante Marcos

El juez de distrito Juan Marcos Dávila Rangel ha dejado sin efecto las órdenes de detención contra el subcomandante Marcos y otros doce miembros del Ejército Zapatista Liberación Nacional (EZLN), al entender que sus delitos han prescrito, cuando se cumplen 22 años de la irrupción de la guerrilla en Chiapas.

El 1 de enero de 1994, el EZLN -bautizado en honor al revolucionario Emiliano Zapata- e alzó en armas en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para luchar contra la marginación de las comunidades indígenas de esa región. Durante doce días combatieron contra los militares con un saldo de unos 300 muertos, hasta el alto el fuego unilateral decretado el 12 de enero de ese año por el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas.

El 9 de febrero de 1995 el Juzgado Primero de Distrito en el sureño estado de Chiapas libró órdenes de captura contra los trece insurgentes, a quienes se acusaba de los delitos de sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración. Al subcomandante también se le atribuía el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Ahora, el juez federal retira estas órdenes de detención basándose en el Código Penal Federal, que establece que la «prescripción es personal» y para ella bastará «el simple transcurso del tiempo» señalado por la ley. La acción penal prescribe cuando lo hace el delito que merece la mayor pena, es decir el de terrorismo, sancionado con una pena que va de dos a 40 años de prisión.

El pasado 12 de febrero de 2016, transcurrió el plazo estipulado para la prescripción del delito de terrorismo, es decir 21 años, por lo que se eliminan las órdenes de detención contra los trece «zapatistas».

El subcomandante Marcos anunció en mayo de 2014 que dejaba de ser el portavoz del movimiento y dijo que su figura solo fue una «estrategia» para llamar la atención hacia los indígenas. Además, señaló que desde ese día se identificaba con el sobrenombre de «Galeano», un compañero asesinado.

Tras el levantamiento zapatista se inició un proceso de paz que condujo a la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que sirvieron de base para redactar una reforma constitucional que el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) rechazó tras advertir del peligro de una fragmentación del país.

En 2001, ya con Vicente Fox (2000-2006) en el poder, se aprobó una ley de derechos y cultura indígenas que no respetó íntegramente la propuesta avalada por el EZLN, que entonces se declaró en rebeldía.

Aunque los acuerdos de San Andrés nunca se concretaron y las condiciones de marginación siguen existiendo, los zapatistas gobiernan con un alto grado de autonomía en medio centenar de municipios de Chiapas.