La ONU pide que miles de yihadistas vuelvan a Europa
La responsable de DD.HH., Michelle Bachelet, exige que los miembros y familiares de Daesh con pasaporte extranjero sean repatriados y juzgados en sus países
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet , pidió ayer en Ginebra, la repatriación de más de 55.000 yihadistas y miembros de sus familias , que se encuentran actualmente detenidos en Irak y Siria, salvo para los casos que estén siendo juzgados por crímenes contra la humanidad.
Bachelet hizo estas declaraciones en la apertura de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos , que examinará, durante tres semanas, más un centenar de informes sobre violaciones de derechos fundamentales en el mundo. «La detención preventiva de personas que no han cometido un crimen es inaceptable», advirtió la responsable de la ONU.
En su discurso, la preocupación por la situación de los yihadistas de Daesh –el autodenominado Estado Islámico, que perdió finalmente el territorio que controlaba en Siria y en Irak– fue prioritaria. La ex mandataria de Chile subrayó en su intervención que «la responsabilidad que tienen los estados en garantizar la seguridad de sus ciudadanos y velar para que sean detenidos y juzgados conforme al derecho internacional».
Desde la caída del «califato» de la organización yihadista Estado Islámico, el pasado mes de marzo, la comunidad internacional se enfrenta al problema de la repatriación de las familias de los yihadistas capturados o muertos en Siria y en Irak. Aunque la mayoría son ciudadanos de estos dos países hay muchas otros que llegaron del exterior. Se calcula que el número de países «emisores» de yihahistas para luchar con Daesh en Irak y en Siria está en torno a los cincuenta.
Miles de ciudadanos británicos, franceses, alemanes o suizos han luchado en Siria o Irak por la creación de un Estado Islámico, en un amplio terrirorio que estuvo al principio a caballo entre los dos países y tenía aspiraciones «universales». Ante el temor de que puedan regresar y ser un foco de terrorismo, sus países de origen amenazan con retirarles la nacionalidad. Solo en el campamento de desplazados y prisioneros de Al Hol , en el noreste de Siria y que controlan fuerzas kurdas, se calcula que hay 11.000 detenidos, yihadistas y familiares. Las autoridades dicen no estar en condiciones de afirmar si las esposas de los yihadistas están o no implicadas en delitos –muchas formaban parte de los comités de vigilancia en el «califato»–; y, además, en no pocos casos los yihadistas de Daesh utilizaron a menores en sus crímenes de guerra.
Entre los países que han declarado que no van a repatriar a sus nacionales afiliados a Daesh se encuentra Francia. Las autoridades galas han repetido, en numerosas ocasiones, que lo que intentarían en todo caso sería evitar que fueran condenados a la pena de muerte in Irak. Por el momento, una decena de yihadistas franceses han sido condenado en las sentencias de muerte pronunciadas en este país.
No obstante, Francia aceptó la repatriación de algunos de los detenidos de Daesh, así como otros países como Rusia, Kazajistán e Indonesia. Entre el resto de países los más opuestos a la repatriación de yihadistas de Daesh con sus nacionalidades son el Reino Unido y EE.UU. Washington cree que si los detenidos regresan se vería en la necesidad de crear otro campo de detenidos como el de Guantánamo.
Bachelet recordó que «los países tienen una responsabilidad importante con sus propios ciudadanos», en la medida en que el Estado de origen de un sospechoso debería hacer «todo lo posible para garantizar que sea tratado de acuerdo al Derecho Internacional», independientemente de los delitos que se le puedan imputar. La responsable de los derechos humanos de la ONU mostró su preocupación por la «falta de garantías del debido proceso» en los juicios de yihadistas de Daesh llevados a cabo por Irak. El Gobierno de Bagdad, de mayoría chií, ha sentenciado a muerte a un total de 150 ex combatientes del movimiento yihadista radical suní, que en su día llegó a controlar gran parte de ese país y llegó a amenazar con atacar Bagdad.
Durante su intervención en la sede de la ONU en Ginebra, Bachelet hizo un llamamiento a los Estados para que otorguen la nacionalidad a los niños nacidos de sus nacionales en las zonas de combate porque, afirmó, «dar el estatuto de apátrida a estos menores es un acto de crueldad». El Comité de la ONU para los Derechos del Niño examina cuatro casos de este tipo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que hay alrededor de 29.000 niños de padres combatientes en Siria que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, torturados o adoctrinados. Bachellet insistió en que la preocupación principal será su «rehabilitación y su protección».
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