El Ministerio del Interior de Austria ordena bloquear información a «medios críticos»

El objetivo de esta acción, contenida en un email de cuatro páginas, es evitar una «imagen negativa»

Herbert Kickl EFE

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La política austriaca amanece sacudida por un nuevo escándalo, a causa de un correo de cuatro páginas en el que el Ministerio de Interior, dirigido por el miembro del partido de derecha radial FPÖ Herbert Kickl , da órdenes a los responsables de comunicación de diferenciar entre «medios críticos» y «medios colaboradores». A los primeros, según la nueva consigna, se les debe negar sistemáticamente información, con el objeto de evitar una «imagen negativa». Además se invita a la policía a «difundir de forma proactiva» los delitos de contenido sexual.

«Por desgracia y como siempre, ciertos medios de comunicación como viene siendo Der Standard y más recientemente Kurrier están haciendo una cobertura muy unilateral y negativa de la actividad del Ministerio de Interior y de la policía», lamenta el correo, con informaciones basadas en datos «filtrados por diversas comisarías de policía y confirmados por diversos funcionarios». En adelante, según la directriz que establece el correo, «deberá limitarse la comunicación con los citados medios a lo estrictamente necesario (según la legislación vigente) y no seguir alimentándolos con datos golosina que les hagan posible la publicación de exclusivas». Por el contrario y como ejemplo de trabajo con los «medios colaboradores», el correo menciona un programa de televisión de seis capítulos que comenzará a emitir la cadena ATV a partir de enero, en el que los reporteros acompañarán a la policía en su trabajo diario y en el que «los temas serán determinados por nosotros».

Estado migratorio

Otro de los cambios de la política de comunicación que difunde el correo es que «a partir de ahora, el estado migratorio de los sospechosos será mencionado explícitamente en los comunicados de prensa», «en el contexto de la máxima transparencia y en legítimo interés de la población». Esta orden modifica lo establecido en 2014 por el Ministerio austriaco de Justicia, que ordenó que «el suministro de información sobre la pertenencia a un grupo étnico o religioso de los sospechosos debe restringirse a los casos en los que sean necesarios para la comprensión del incidente reportado». En el mismo correo se da instrucciones para «el refuerzo de la comunicación de los delitos sexuales». Concretamente se da orden de difundir «sobre todo, los que sean cometidos en el espacio público, en especial los de modus operandi por la fuerza o bajo coacción considerable, o cuando no existe ninguna conexión entre el agresor y la víctima».

Tras la publicación del correo y en una primera reacción, un portavoz del Ministerio ha declarado que «no se trata de un correo vinculante», pero el escándalo se suma ya a la controvertida actuación que desde su nombramiento lleva a cabo el ministro Kickl, que ha ordenado por ejemplo ejercicios militares y policiales en la frontera con Eslovenia, «para probar diferentes escenarios de manejos de una invasión de inmigrantes», en los que fueron movilizados equipos militares que incluían helicópteros Black Hawks, y que ha creado además una nueva «unidad de protección de fronteras» denominada «Puma», con personal de seguridad que ronda los 600 empleados y que está entrenando para desplegarse en 24 horas en cualquier escenario de «crisis fronteriza». En el marco de la UE, Kickl es el artífice de la propuesta de mantener en los barcos a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo y que formulen desde las embarcaciones sus solicitudes de asilo, de forma que no lleguen a pisar suelo europeo más que los que tengan derecho al estatus ya confirmado de asilados.

En los tribunales

Algunas de las iniciativas del ministro Kickl han llegado incluso a los tribunales, que por ejemplo han declarado «ilícita» una acción policial contra la principal agencia de Inteligencia del país que ordenó el pasado mes de febrero. El Tribunal Regional Superior de Viena (OLG) dictaminó en agosto que las redadas y confiscaciones de datos sensibles que tuvieron lugar de forma simultánea en seis oficinas de la Agencia federal para la protección de la Constitución y la lucha antiterrorista (BVT), en Viena, y en las viviendas de cuatro de sus funcionarios «fueron improcedentes», confirmando los delitos de economía y corrupción en respuesta a ocho demandas presentadas por individuos particulares. Los medios han acusado al FPÖ de orquestar un supuesto caso de fabricación de pasaportes coreanos falsos que nunca fue probado con el único objeto de acceder a las investigaciones del BVT en curso sobre grupos de extrema derecha y, de paso, sustituir a algunos funcionarios por personas fieles a la formación. El asunto está pendiente de una comisión de investigación parlamentaria.

Si bien los ultranacionalistas del FPÖ ya formaron parte de un Ejecutivo austriaco a principios de la década del 2000, con Georg Haider a la cabeza, ahora, en coalición con los conservadores del Partido Popular (ÖVP) de Sebastian Kurz , es la primera vez que ocupan las delicadas carteras de Interior y Defensa , con los ministros Herbert Kickl y Mario Kunasek, respectivamente, bajo cuyas competencias están los dos servicios de inteligencia del país.

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