El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza - REUTERS

El diálogo de paz en Burundi, la promesa que el presidente Nkurunziza incumple

La inestabilidad sigue marcando el día a día en el país africano, donde en las últimas semanas han continuado las detenciones arbitrarias en barrios contrarios al mandatario

BUYUMBURA Actualizado: Guardar
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Pese a las promesas que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, hizo a la comunidad internacional para retomar el diálogo con la oposición, la persistente inestabilidad y violencia en el país hacen dudar sobre las posibilidades reales de que se ponga fin a la crisis de forma pacífica. Desde principios de año, un gran número de delegaciones internacionales ha visitado el país africano para presionar al mandatario y lograr que mantenga conversaciones inclusivas con la oposición, pero Nkurunziza pone condiciones y rehuye hablar con todas las fuerzas políticas.

En enero, embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU ya consiguieron arrancar al mandatario la promesa de entablar conversaciones con la oposición, pero interpuso una condición: excluir a aquellos que, a su juicio, «perturban la paz».

Poco ha cambiado la situación desde entonces, ya que Nkurunziza trasladó la misma condición al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante un encuentro mantenido la semana pasada en Buyumbura con el objetivo solucionar la situación de un país «al borde de la guerra civil», según la ONU. A cambio, Nkurunziza cedió en ciertas exigencias para contentar a la presión internacional: prometió liberar a 2.000 detenidos y reabrió dos emisoras de radios privadas cerradas durante la crisis.

Mientras tanto, la inestabilidad sigue marcando el día a día en Burundi, donde en las últimas semanas han continuado las detenciones arbitrarias en barrios contrarios al presidente y han aumentado los ataques con granadas en la capital causando una docena de muertes. Muchos de estos ataques fueron reivindicados por el grupo armado insurgente RED-Tabara (Resistencia al estado de derecho en Burundi), contrario al tercer mandato de Nkurunziza.

Por otra parte, la semana pasada el presidente burundés recibió la visita de una delegación de alto nivel de la Unión Africana (UA), encabezada por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, para abordar la crisis. Tras el encuentro, la UA anunció el envío de 100 observadores militares y otros 100 de derechos humanos para supervisar las conversaciones de paz que Gobierno y oposición deberían comenzar próximamente. Sin embargo, la efectividad de la mediación de la UA ha sido puesta en duda, ya que en ningún momento cuestionó el actual mandato de Nkurunziza —origen de la crisis— pese a que los comicios en los que fue reelegido en julio no fueron reconocidos por la comunidad internacional, que los consideró fraudulentos.

Así, las voces críticas en el país africano dudan de que realmente se cumplan sus constantes promesas de retomar el diálogo de paz con la oposición, ya que el mandatario ha desafiado constantemente a la democracia durante su cargo. La crisis se desató en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohíbe la Constitución y viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005. De momento, la presión internacional no ha hecho recapacitar al mandatario, que sigue acusando a Ruanda de suponer un «peligro» para la paz en el país e interferir en las resolución del conflicto. Estas acusaciones, siempre desmentidas por el Gobierno ruandés, son vistas por la oposición burundesa como un intento de externalizar la crisis para eludir responsabilidades. Según la ONU, además de las más de 400 personas que han sido asesinadas durante esta vicisitud política, casi 240.000 han tenido que huir de Burundi.

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