La corrupción y el abuso de poder acorralan a la expresidenta Cristina Fernández

El fin de año en Argentina está resultando más calentito de lo esperado y no sólo por las altas temperaturas del verano austral. El presidente, Mauricio Macri, destituyó al «super ministro» de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay y abrió la caja de los rumores sobre nuevos cambios en su Gabinete. Aunque Macri calificó con un 8 sobre 10 su gestión, los resultados y el ensamblaje del equipo de ministros parecen no terminar de responder a sus expectativas. Tampoco a las de buena parte de la población : a la vista de los primeros resultados (en dos meses Argentina acordó con los acreedores, terminó con el doble mercado de cambio y liberó la compra venta de divisas), quizás imaginó que el resto de los problemas se iban a resolver al mismo ritmo y la inflación no volvería, como un par de años antes, al 40%; récord que inauguró el ex ministro y hoy diputado, Axel Kicillof.

El legado de la expresidenta Cristina Fernández es una losa difícil de levantar para la nueva Administración, pero también para la antecesora de Macri en la Casa Rosada. A la viuda de Néstor Kirchner le están llegando las facturas de sus desmanes con el sello judicial estampado en la cabecera de la primera carilla. La corrupción, el abuso de poder y el abandono de los deberes como funcionaria pública la tienen acorralada –y procesada– bajo diferentes figuras del Código Penal. La última, invoca la de «asociación ilícita» para delinquir a costa de vaciar las arcas del Estado.

El hombre que, desde el 10 de diciembre de 2015, se encuentra frente al desafío de liquidar su herencia política, económica y social, descubrió en estos meses que el legado era aún peor de lo estimado. Los mecanismos de desvío de fondos y números rojos se imponían en, prácticamente, la totalidad de ministerios y organismos.

Mauricio Macri encargó auditorías y parte del balance quedó reflejado en el informe «El estado del Estado». A lo largo de 223 páginas se recogen episodios conocidos extraoficialmente que explican el «modus operandi» de doce años de kirchnerismo ininterrumpido en Argentina. Un botón de muestra fue el apartado que se refiere al Estado como agencia de colocación de la «militancia K», donde se afirma que el empleo público creció un 64% con una finalidad manifiesta: financiar a los «militantes K».

En ese ingente grupo se incluyen, con varios dígitos, los «ñoquis» (empleados que sólo van a cobrar a fin de mes) y puestos vacíos de contenido. En ese contexto, el actual Gobierno advirtió algo insólito: «36 sistemas distintos de liquidación de sueldos». Hay casos que parecen anecdóticos pero ilustran sobradamente la filosofía del anterior gobierno que se denominada «nacional y popular». El Ministerio de Planificación disponía de oficinas con un único teléfono y 10 telefonistas, y en el de Cultura identificaron una treintena de personas con la misión de hacer «clipping» de noticias (selección de artículos o recortes de prensa).

Ausencia de registros contables o adjudicaciones de créditos sin dejar constancia de los mismos, como sucedía en la Subsecretaría de Emprendedores, forman parte del agujero negro que encontró en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas, terreno abonado para llenarse los bolsillos con el dinero de otros. «Se robaron 120.000 millones de dólares, un año entero del PIB de Argentina», declaró el arrepentido Leonardo Fariña, al describir la ruta del denominado «dinero K» que habría salido de los presupuestos del Estado para terminar en bóvedas ocultas y hasta conventos, como investiga la Justicia, tras detener este invierno a José López, número dos de Planificación, mientras trataba de esconder, de madrugada, en un convento millones de dólares en decenas de bolsones.

Exagerado o no el cálculo de Fariña (protegido en destino desconocido para evitar tentaciones modelo, que parezca un accidente) lo cierto es que la Argentina previa a Macri llevaba, prácticamente, cuatro años sin crecer y estaba fuera del circuito de financiación por estar técnicamente en suspensión de pagos. El país estaba acosado por juicios internacionales, con diferentes valores de la moneda, obstáculos a la importación, reservas escasas, sin inversiones y sin datos oficiales al destruir el sistema de estadísticas del Indec (Instituo Nacional de Estadísticas y Censo) que, en el colmo del cinismo, por instrucción de Kicillof, dejó de medir la pobreza, identificada por el Congreso y consultoras privadas en torno al 30% (hoy es del 32).

El economista jefe de Management & Fitch, Matías Carugati, recordaba que Cristina Fernández dejó «un déficit fiscal equivalente al 6% del PIB, más del 30% de los trabajadores estaba en negro y se consideraba con empleo aquellos que recibían subsidios» (en torno al 40% de la población). Roberto Cachanosky observa que «la emisión de moneda servía para financiar el déficit», y la caída de las reservas, en ocho años de CFK, siglas por las que se conocía a la viuda de Kirchner, fueron del 40%. Para cerrar el párrafo de datos duros, el propio Macri estimó en «700% la inflación acumulada en la última década».

Aumento del gasto público

Con la herencia de esos mimbres Mauricio Macri ha tenido que hacer encaje de bolillos para superar el año. Gobernar es resolver problemas y sin mayoría en ninguna Cámara, a eso ha estado, con aciertos y errores, dedicado. El destituido Alfonso Prat-Gay, recordaba durante su despedida en rueda de prensa que «mi sensación es la de misión cumplida, dejamos el auto preparado» para que Macri, el conductor, se ponga al volante. Prat Gay justificó el aumento de gasto público para «asistir a los más débiles», pero recordó que la economía comenzó a crecer, bajó la inflación en el segundo semestre y su último gran logro se tradujo en 90.000 millones de dólares declarados que equivalen a «235.000 argentinos que decidieron tributar impuestos y salir de la clandestinidad», dijo en alusión a la pseudo amnistía fiscal conocida como «blanqueo de capitales», la de mayor éxito en Sudamérica.