Amnistía Internacional denuncia las ejecuciones ilegales en la «guerra contra las drogas» en Filipinas

Se estima que miles de personas han sido asesinadas, de las cuales aproximadamente 6,600 durante operaciones policiales ilegítimas

El jefe de la policía nacional filipina, Ronald Bato Dela Rosa, y el presidente filipino, Rodrigo Duterte, en una ceremonia oficial en Manila Reuters

La impunidad y los homicidios ilegales se siguen multiplicando en Filipinas, tres años después del inicio de la «guerra contra las drogas» declarada por el presidente Rodrigo Duterte . Un grupo de defensa para los derechos humanos ha denunciado este lunes una serie de ejecuciones disfrazadas de «operaciones policiales» y la indisposición del estado filipino a abrir una investigación.

Amnistía Internacional (AI), ha instido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobar una resolución que exija una investigación en Filipinas, donde se ha producido una «normalización peligrosa» de las ejecuciones ilegales y de los abusos policiales. Se espera una votación sobre la resolución por los 47 miembros del consejo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiadosa esta semana.

El número exacto de víctimas mortales de la «guerra contra las drogas» es imposible de verificar de forma independiente, pero se estima que miles de personas han perdido la vida, de las cuales aproximadamente 6,600 murieron durante operaciones policiales camufladas como «contra ataques» frente a sospechosos armados.

AI expuso, en un informe titulado « Solo matan », que las autoridades filipinas habían utilizado campañas de «desinformación» de manera que imposibilitaban una estimación del número total de asesinatos, que mayoritariamente apuntaron a comunidades pobres y marginadas , incapaces de defenderse legalmente contra la policía.

Operaciones ilegítimas

El informe de Amnistía, publicado en abril, se centró en la provincia de Bula, el nuevo epicentro de la represión, y examinó 27 muertes ocurridas en 20 incidentes, 18 de los cuales eran operaciones oficiales de la policía. La organisazión sin ánimo de lucro reveló que, en tres cuartos de los incidentes, los nombres de las personas muertas aparecían en «listas de vigilancia» de personas sospechadas de uso de drogas o de participación en su comercialización.

La narrativa policial de que los agentes encubiertos que se hacían pasar por compradores de drogas habían matado solo con motivo de defensa propia «no cumple con los estándares de credibilidad factibles», concluyó Amnistía.

En respuesta a estas acusasiones, el portavoz de Duterte, Salvador Panelo , afirmó que las justificaciones de la organización para pedir una investigación internacional estaban infundadas, y negó el suceso de los asesinatos relatados por la organización. «Como hemos dicho en repetidas ocasiones, las muertes son el resultado de operaciones policiales legítimas», comentó Panelo. La semana pasada, el portavoz había descrito la llamada a una investigación de EE.UU. como una interferencia de un gobierno extranjero «engañado por noticias falsas y narraciones falsas».

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