Un escándalo de espionaje complica las presidenciales en Argentina

En vísperas de las presidenciales del domingo un escándalo de espionaje sacude Argentina. Los cinco principales candidatos, a excepción del oficialista Daniel Scioli, jueces y fiscales que investigan o tienen causas de miembros del Gobierno, todos los magistrados de la Corte Suprema, otros integrantes de la Judicatura, políticos, periodistas, empresarios y artistas figuran en la lista de personas cuyos teléfonos y correos electrónicos habrían sido intervenidos por los servicios secretos del Estado.

Algunos de los nombres de los presuntos espiados son Mauricio Macri, candidato de Cambiemos y segundo en las preferencias del electorado; Sergio Massa, tercero en las encuestas; Margarita Stolbizer, de la agrupación Progresistas; Nicolás del Caño, representante del Frente Izquierda; todo el Consejo de Administración del Grupo Clarín; Sandra Arroyo Salgado, viuda del exfiscal Alberto Nisman (su muerte en enero sigue siendo un misterio sin esclarecer

); su colaborador asignado por el Gobierno, el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso y su familia; el ex jefe del Ejército César Milani; el juez federal Claudio Bonadío, que investiga a la familia Kirchner, y columnistas de «La Nación» como Joaquín Morales Solá o Carlos Pagni y Sebastián Sánchez Sarmiento, exdirector de la concesionaria de peajes Autopistas del Sol. Sus líneas de teléfono y correos electrónicos han sido supuestamente pinchados para escuchar conversaciones y tener acceso a sus mensajes privados.

Secreto de sumario

La denuncia y la difusión del listado en los medios de comunicación las realizaron las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, ambas integrantes del Pro, partido que forma parte de la coalición opositora Cambiemos. Ellas fueron las que recibieron «la carpeta» con la documentación, la misma que el juez federal encargado de la causa, Sebastián Casanello, echó en falta al no incorporarse en la denuncia. El magistrado, cuando restan tres días para que se abran las urnas, decretó el secreto de sumario.

Laura Alonso aclaró cómo llegó esa información a sus manos: «La persona que me contactó me refirió que el listado daba cuenta que se estuvo y se está realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos procedentes de Whatsapp, correos electrónicos, mensajes de texto, en los teléfonos móviles y ordenadores».

«Es mentira que estemos haciendo interceptaciones telefónicas a esas personas o a cualquier otra», se defendió Oscar Parrilli, al frente de la renovada Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Aníbal Fernández, actual jefe de Gabinete, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y en la lupa de la Justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico dijo por su lado que «es un invento de los tantos que han hecho estas dos diputadas». Añadió que «ellas blandieron la denuncia de Nisman que fue un espanto y terminó en el tacho (cubo) de la basura».

El ministro se refería a la imputación que hizo el ex fiscal general de la unidad especial AMIA, Alberto Nisman, a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman y a un círculo estrecho de colaboradores, a los que acusó de organizar y formar parte de una trama para dejar impune a los presuntos responsables del atentado que hizo saltar por los aires el edificio de la AMIA y la DAIA, principales instituciones israelíes, que dejó un saldo de más de 80 muertos y centenares de heridos.

La causa de Nisman, que apareció muerto de un disparo en la cabeza en el cuarto de baño de su apartamento en vísperas de presentarla a una comisión del Congreso, terminó desestimada tras seguir un camino irregular en la Justicia.