Cristina Kirchner y su Gobierno arremeten contra el Supremo para blindar su impunidad

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete (en teoría un puente entre los ministros y la presidenta) y flamante candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pidió que el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, salga a la calle y hable con los periodistas porque lleva días sin acudir a su despacho y tiene dudas de que esté en su sano juicio . El magistrado, de 97 años, hizo oídos sordos y envió a su abogado, Jorge Rizzo, a transmitir un mensaje: «Está bien y entero. Siente el hostigamiento pero va a hacer lo que quiera, no lo que diga Fernández», advirtió.

El ministro, que pide la dimisión del juez, volvió al día siguiente a insistir con su demanda: «No aparece el doctor Fayt», se quejó.

De paso embistió contra el resto de los integrantes del más alto tribunal, a los que acusó, entre otras cosas, de falsedad en documento público. ¿El motivo? La firma de Fayt en una resolución -que le habrían llevado a su domicilio-, rubricada por todos los miembros de la Corte, donde ratificaron en el cargo a su titular, Ricardo Lorenzetti, hastiado de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner.

En simultáneo, la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio dio el primer paso a algo que recuerda al comienzo de un juicio político contra Fayt: solicitó un informe médico sobre su salud «para ver si es apto o no para ejercer ese cargo», declaró. En este contexto, la asociación ultrakirchnerista de Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe Pastor de Bonafini, organizó un «escrache» contra el juez y un grupo de magistrados y fiscales que, curiosamente, están vinculados o tienen en sus manos causas judiciales que salpican a la presidenta de Argentina, a miembros de su Gobierno o a conocidos oficialistas.

La secuencia cronológica pone de manifiesto hasta qué punto están tensas las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. «El Gobierno siente que tiene la necesidad de blindarse para el día después de abandonar el poder», observa Álvaro Herrero, abogado especialista en temas de justicia y transparencia, y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas. Con ese objetivo, Cristina Fernández de Kirchner orquesta desde la Casa Rosada esta nueva arremetida contra lo que ella bautizó «el partido judicial». Lo hizo el pasado febrero, tras la marcha organizada por los fiscales en homenaje a su colega muerto, Alberto Nisman, el mismo que la había imputado por organizar una red de encubrimiento terrorista con los presuntos responsables del atentado a la mutual judía AMIA que dejó un saldo de 86 muertos y centenares de heridos.

«El Gobierno identifica al Poder Judicial y a la Corte Suprema -última instancia donde podrían terminar sus causas- como una fuente de problemas, como un obstáculo político», observa Herrero. Con esta premisa el Ejecutivo, al que le quedan cinco meses para conocer el nombre del próximo presidente electo, va contra reloj en busca de algún mecanismo que le haga sentir a salvo de sus múltiples vulnerabilidades con la Justicia.

Tras la salida de la Corte del juez Eugenio Zaffaroni, aliado del kirchnerismo, el Gobierno falló en su intento de colocar en su lugar a Gonzalo Carles y ahora, según fuentes que conocen el plan, intenta ampliar el número de miembros de la máxima instancia judicial para negociar con otros partidos el reparto de nombres de los jueces. Para lograrlo le bastaría una mayoría simple de la que dispone en el Parlamento, aunque la oposición firmó meses atrás un compromiso de evitar nombramientos hasta después de las elecciones de octubre.

«El asunto se puede discutir, pero debiera hacerse en otro momento. Abordarlo hoy, en un contexto de aprietes (presiones), con manifestaciones agraviantes a un magistrado, donde se aprecia el interés y la conveniencia política, no procede», reflexiona Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) en una mesa organizada por Diálogo Abierto para el Reencuentro (centro de la Universidad de Congreso). Dicho esto, Sozio coincide con los que piensan que «una ampliación de la Corte garantizaría la perdurabilidad de los fallos y evitaría sentencias divergentes como se ha visto en los últimos tiempos». Además, establece un símil entre la disolución de la antigua Secretaría de Inteligencia, tras la muerte en extrañas circunstancias de Nisman y la creación de la actual Agencia Federal: «Se hizo de forma abrupta y mal implementada. Con la reforma de la Corte puede suceder lo mismo».

«La Corte de Kirchner»

Adolfo Athos Aguiar, abogado y asesor en los Consejos de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, considera que «la Corte de Lorenzetti -por el nombre de su titular- fue la de Kirchner». Sostiene su afirmación con algunos ejemplos: «No es correcto que haya frenado la ley de Medios (audiovisuales de comunicación) ni las diferentes "leyes de democratización de la Justicia", como tampoco hizo por corregir los abusos feudales en las provincias».

Su visión crítica y funcional al poder va más lejos al asegurar que «lo que queda de la Corte Suprema se apresta a ser útil al próximo Gobierno, sea el que fuere». No obstante, reconoce que «aunque elegir lo menos malo no es elegir lo bueno ni lo mejor, hay que respaldar la institucionalidad, reforzar y respaldar a Lorenzetti».