Retoques en la universidad a la espera de una ley integral

Nada tiene que ver la universidad de 1983, el año en el que entró en vigor la primera normativa que la regulaba en la Democracia (la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, LRU), con la de hoy, que se enfrenta a multitud de retos a causa de la revolución tecnológica que vivimos y la globalización. Son escenarios bien diferentes. Entonces la ley quería modernizar y democratizar la universidad. La LRU concedía más autonomía a esta institución frente a las administraciones, ponía orden en el profesorado, regulaba su función docente e investigadora, daba paso a la universidad privada... En 1983, había 30 universidades públicas con poco más de 700.000 alumnos. Hoy tenemos 48 universidades públicas y 33 privadas distribuidas por toda la geografía, donde estudian algo más de millón y medio de alumnos . La universidad ahora tiene por delante la nueva misión de liderar una profunda transformación en la sociedad.

Desde aquella primera ley, está institución ha vivido otras reformas y contextos que la han ido transformando poco a poco, y que en no pocas ocasiones han terminado con protestas y manifestaciones de profesores y estudiantes en las calles. Durante los ochenta y noventa, los gobiernos socialistas extendieron las universidades por todo el país, de acuerdo al marco del Estatuto de las Autonomías, algo muchas veces criticado porque no ha ayudado a favorecer la movilidad de los docentes y los estudiantes. En 1986 se aprobó la ley de Ciencia, en 1994 se constituye la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)...

A finales de los noventa, llegó el Plan Bolonia que daba paso al establecimiento en 2010 de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para facilitar la empleabilidad y la movilidad de personal, estudiantes y licenciados. A partir de ese momento se homogenizaban los estudios superiores en la Unión Europea, que pasaban a dividirse en dos ciclos: grados y posgrados. Además de la clase magistral, favorecía la introducción de lecciones más participativas y prácticas; la asistencia del alumno a las clases tendría más peso en la nota... Con el Gobierno de José María Aznar, llegó la primera reforma universitaria legislativa desde 1983. La ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 derogó la LRU, pero duró poco, porque después José Luis Rodríguez Zapatero reformaría esa norma con otra en 2007.

Desde entonces poco más se ha hecho. Antes de las elecciones generales del 28 de abril de este año, el Gobierno de Pedro Sánchez ya había tomado el camino para emprender algunos cambios en la universidad organizando tres mesas de trabajo: «Una para diseñar un nuevo modelo de la carrera docente y crear un nuevo Estato del Profesor Docente e Investigador; otra mesa sobre las arquitecturas de las enseñanzas; y una tercera para potenciar la internacionalización de las universidades españolas», cuenta José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades. Ahora, si Pedro Sánchez es investido presidente y con cuatro años por delante de legislatura, el objetivo ha cambiado. Los avances realizados hasta ahora seguirán adelante, pero también se trabajará en una ley que lleve a cabo una profunda reforma en la universidad. «La futura ley englobaría otras cosas. Hasta ahora no hemos hablado de los sistemas de gobernanza, de la financiación... La ley será un paragüas más global», añade Pingarrón.