La Delegación del Gobierno retiró en mayo una treintena de recursos contra el uso de la lengua vasca

El fomento del vasco se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo autonómico, que está decidido a implantar un sistema bilingüe en su administración. Los recursos de la Delegación del Gobierno contra el uso íntegro de dicha lengua en las notificaciones entre los ayuntamientos fueron interpretados por el gabinete de Íñigo Urkullu como una violación de sus competencias, percepción que el propio lendakari transmitió al nuevo delegado, Javier de Andrés, en la reunión que mantuvieron el pasado 19 de enero. Este lunes, sin embargo, el expresidente de los populares alaveses anunció que su antecesor, Carlos Urquijo, ya retiró una treintena de impugnaciones hacia el euskera cuando ostentaba el cargo.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, el delegado del Gobierno en el País Vasco desveló que el pasado mayo Urquijo retiró los recursos a raíz de una resolución del Tribunal Superior de Justicia, que se posicionó a favor de que el consistorio guipuzcoano de Arechavaleta pudiese emplear únicamente la lengua autonómica

en sus misivas. Según De Andrés, el fallo hizo recular al dirigente alavés, que en el pasado llegó a refutar 30 de las medidas impulsadas por el PNV en relación a esta materia: «Lo que se decía en aquella sentencia de término profanos es que una Administración Pública se puede relacionar con otra en euskera y en castellano, y que, consecuentemente, se pueden remitir las actas entre instituciones en euskera o en castellano», declaró.

Además, destacó que, a pesar de que finalmente el Tribunal Constitucional no considerará la legalidad de los documentos escritos únicamente en vasco, el Estado continuará velando por los derechos lingüísticos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma que solo se comunican en castellano, que, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, representan a casi el 60% de la población.

Guerra lingüística

La pugna lingüística entre PP y PNV surgió en 2014, cuando la Abogacía del Estado presentó un recurso contra el ayuntamiento del municipio vizcaíno de Mendeja por enviar las actas municipales en vasco y sin traducción al español. En aquel entonces imperaba la Ley de Normalización del uso del Euskera, que exigía que este tipo de documentos debía ser bilingüe «por imperativo legal». La impugnación de los populares provocó un aluvión de críticas del bando nacionalista, que denunció una campaña de acoso hacia el idioma autonómico. El por entonces parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabeña destacó que su actuación había sido «muy grave», y exigió a Urquijo que pusiera fin a su «huelga de celo permanente» hacia el vasco.

La Ley Municipal aprobada el pasado mes de abril dio un vuelco a la situación. En concreto, la nueva normativa establece que las notificaciones pueden estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales. El Gobierno central decidió respetar «en términos máximos» la iniciativa del PNV, una de sus máximas en el proceso de acercamiento entre ambas administraciones. Solo en el caso de que uno de los miembros de la «entidad local» desconozca el vasco deberá el ayuntamiento facilitar la traducción al castellano.